El juez Víctor Gómez está exprimiendo al máximo la investigación del presunto blanqueo de capitales en el caso Imelsa. Desde el Juzgado de Instrucción 18 de Valencia, agotará la instrucción antes de elevar las causas de los aforados: la exalcaldesa y actual senadora, Rita Barberá, al Tribunal Supremo (aforamiento nacional); y el diputado autonómico, Miguel Domínguez, al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (aforamiento regional).
En aras de cumplir con la doctrina legal, el instructor había citado de nuevo este viernes a tres de los principales imputados: el exportavoz del PP en el Ayuntamiento de Valencia, ahora edil independiente tras ser suspendido de militancia, Alfonso Novo; la exconcejal de Cultura, María José Alcón, y la exsecretaria del grupo municipal popular, María Carmen García-Fuster. Según los indicios, ellos tienen "mayor proximidad al dominio material sobre el dinero de supuesto origen ilícito".
Alcón está "fastidiada físicamente"
María José Alcón está en el ojo del huracán por las grabaciones telefónicas incorporadas al sumario que probarían el pitufeo en el Ayuntamiento de Valencia. La exconcejal de Cultura se ha acogido a su derecho a no declarar y tampoco ha querido contestar preguntas a la salida de la Ciudad de la Justicia. Sí ha respondido su abogado; según Pablo Delgado, la exedil se encuentra "indudablemente" afectada por las informaciones. El letrado ha añadido que su cliente está "fastidiada físicamente".
El sumario de la Operación Taula recoge una serie de conversaciones telefónicas que prueban el modus operandi. En una de las grabaciones, María José Alcón se lo explica a su hijo: "Yo les tenía que hacer una transferencia legal para blanquear dinero, vamos, corrupción política total. Me deben dos billetes de quinientos". En un momento en el que el vástago responde incrédulo, la exedil añade: "Ellos tienen mucho dinero negro. De empresas del partido, comisiones, corrupciones. Es un dinero que no pueden aflorarlo". A continuación, Alcón admite que ese dinero lo ha recibido de García-Fuster y que lo ha devuelto "con una transferencia bancaria y se blanquea".
La conversación con Vicente Burgos Alcón termina con una reflexión de madre a hijo: "Como tú me dijiste una vez, y tienes más razón que un santo, en este país lo único que funciona es la corrupción".
García-Fuster y los sobres
La secretaria de organización del PP del Ayuntamiento de Valencia, María del Carmen García-Fuster, sí ha contestado a las preguntas del juez y las partes por primera vez al estar alzado el secreto que pesaba sobre la causa. Según fuentes presentes en el interrogatorio, ha negado el blanqueo de capitales y ha explicado que había una persona -no ha desvelado el nombre- que se dedicaba a recaudar las donaciones. Sin embargo, no ha querido prestar declaración ante los medios de comunicación a la salida de las dependencias judiciales.
La investigada entregaba a los concejales y asesores del partido sobres con 1.000 euros para que participaran en el pitufeo. Así consta en el sumario, que recoge sospechas según las cuales ese dinero acabó sufragando la campaña electoral de las elecciones municipales de mayo de 2015. Un número de cuenta de la formación política a nombre de Rita Barberá recibió entre el 23 de marzo y el 15 de abril 50.000 euros en cincuenta entregas realizadas por distintos miembros del grupo municipal, actualmente imputados en la causa.
Novo niega el 'pitufeo'
El PP en el Ayuntamiento de Valencia autorizó a Alfonso Novo a utilizar la cuenta del partido en noviembre de 2015, meses después de que se celebraran las campañas electorales cuya financiación se está investigando por un supuesto blanqueo de capitales. El exportavoz del grupo municipal sí ha trascendido su comparecencia ante la Justicia. Según el propio Novo, se ha ratificado en lo que declaró ante la Guardia Civil y ha repetido que se hicieron donaciones de 1.000 euros pero que "no hubo retorno". Preguntado sobre la versión de los asesores que aseguran que sí se devolvía ese dinero en billetes de 500 euros, el regidor ha invitado a "preguntárselo a ellos".
En el escrito de defensa que Rita Barberá entregó al juez Víctor Gómez, la exalcaldesa descargó en ese comité de campaña "desde la programación de actos, mítines, visitas, paseos callejeros, eligiendo días y lugares, hasta la selección de argumentarios a defender hasta "el soporte de la necesaria financiación que diseña, programa y ejecuta". Barberá detallaba que este grupo estaba a cargo de Alfonso Novo, número dos en la lista del PP de Valencia, como coordinador general.
Venganza de Grau
En la versión que Barberá aportó al juez que investiga el presunto blanqueo de capitales en Valencia, la lideresa reconocía que "es cierto que aportó un donativo de 1.000 euros para la financiación de la campaña a las elecciones municipales de 2015". La actual senadora dijo no recordar "con exactitud" cómo entregó ese dinero al Partido Popular de la ciudad y manifiesto que, en cualquier caso, no se encargaba de diseñar la campaña. También clamó contra el porqué de esta "conspiración": una venganza capitaneada por su antigua mano derecha, el exvicealcalde Alfonso Grau.
Barberá expone su propia hipótesis sobre el porqué de esta investigación. Apunta a su exvicealcalde Grau, con el que se distanció tras quedar señalado en el caso Nóos en el que ahora se sienta en el banquillo. Pero sobre todo, subrayaba la exalcaldesa, sería una venganza por haber dejado fuera de la lista electoral a su esposa, María José Alcón, imputada por varios delitos en el caso Taula. La grabación de esta exconcejal supuso el epicentro de esta pieza separada del caso en la que se investiga un presunto blanqueo de capitales.
'Pitufeo' de Imelsa
El pitufeo o smurfing es una técnica extendida para el blanqueo de capital. Consiste en reunir a muchas personas para que efectúen transferencias bancarias en pequeñas cantidades a diferentes cuentas. Reciben dinero negro en un primer momento y, al realizar los movimientos de cifras exentas de control bancario, los fondos quedan lavados. El pitufeo es también la modalidad que habrían empleado los concejales y asesores del Ayuntamiento de Valencia en la vertiente de la Operación Taula o caso Imelsa que salpica a Rita Barberá.
El juez de instrucción acordó también la imputación al Partido Popular en su condición de persona jurídica -la formación ya está procesada en los mismos términos en la investigación por el borrado de los ordenadores de Bárcenas en los Juzgados de Madrid-. Considera oportuno acatar la doctrina del Supremo y agotar la investigación. El objetivo es que, llegado el momento, tanto este órgano como el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana dispongan de información más precisa para "valorar la implicación indiciaria de las personas aforadas".