"No soy un héroe ni un mártir". "Soy víctima de una querella política". "La Fiscalía no es independiente y activa la causa porque represento a una formación que puede ayudar a formar un Gobierno que no sería del PP". "Esto es muy grave". "Cuanto más alta sea la pena, mayor la victoria". Estas fueron algunas de las palabras de Francesc Homs en y tras su declaración en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), el colofón de una agitada comparecencia que terminó en la sede embargada de CDC.
La celebración del referéndum separatista del 9-N de 2014 planea sobre el futuro judicial y político de Homs, que en aquellos momentos era consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno de la Generalidad que presidía Artur Mas. Ahora es el jefe del grupo convergente en el Congreso de los Diputados bajo la marca "Democràcia i Llibertat" y la fiscalía del TSJC le atribuye un delito de desobediencia porque tras la suspensión del referéndum del Tribunal Constitucional envió una carta a la empresa que se encargaba del soporte informático del 9-N en la que le instaba a cumplir el contrato y le garantizaba el apoyo de los servicios jurídicos de la administración autonómica.
La parafernalia nacionalista
El juez del TSJC Joan Manuel Abril (abogado de Andorra designado miembro del TSJC a instancias de CiU y ERC) permitió la declaración voluntaria del exconsejero regional antes de decidir si envía la causa al Tribunal Supremo, dada la condición de aforado del actual diputado en Madrid. Se repitió la escenografía de la comparecencia de Artur Mas, pero con mucho menos entusiasmo y presencia de "voluntarios".
Caminó Homs hasta la sede judicial arropado por los pretorianos del ejecutivo autonómico: Junqueras, Romeva, Neus Munté, Meritxell Borrás. También arropaban a Homs la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y los principales dirigentes de las organizaciones "cívicas" Òmnium, la ANC y los municipios por la independencia. En las escalinatas del edificio fue recibido por el exjuez Santiago Vidal, ahora diputado de ERC. Ya ante el juez y los fiscales, Homs se negó a contestar a las preguntas de la fiscalía, censuró al propio juez por hacer "seguidismo" del ministerio fiscal y advirtió que todo lo que tuviera que contar lo hará en el Supremo. Aclaró, eso sí, que la "consulta" fue legal y que la suspensión del TC fue más formal que ejecutiva. Es decir, que llevaron a cabo la consulta porque nadie se lo impidió.
Abrazos con Mas y Puigdemont
Para redondear la representación, una segunda parte descafeinada de la comparecencia de Mas el pasado 15 de octubre, Homs se fue a la sede de CDC donde le esperaban Mas y el presidente de la Generalidad, Carles Puigdemont, que se aliviaron el paseíllo con el investigado hasta el TSJC.
En el centro de operaciones convergente, que ya se ha vendido y en breve será convertido en apartamentos de lujo, Homs dio explicaciones ante la prensa con un tono grave y ofendido por la actuación judicial. Ahí se extendió en la teoría del "juicio político" activado cuando su partido puede tener un papel en el color del futuro Gobierno, una lectura un tanto grandilocuente a tenor del número de los ocho diputados convergentes en el Congreso.