La infanta Cristina se ha sentado este lunes en el banquillo con la esperanza de que esta sea la última vez. Como estaba previsto, su defensa ha apelado a la denominada doctrina Botín para reclamar al tribunal, formado por tres magistradas, que no la juzgue al estar acusada sólo por la acción popular que representa Manos Limpias.
La doctrina a la que aluden los abogados de doña Cristina se refiere a una sentencia del Tribunal Supremo sobre el banquero Emilio Botín, del año 2007, en la que se estableció que nadie podrá ser juzgado por delitos fiscales si no le acusan ni la Fiscalía ni la Abogacía del Estado, a quienes corresponde la defensa del interés de los perjudicados: Hacienda y la administración pública en general.
Con este argumento, el Tribunal Supremo libró del banquillo al fallecido presidente del Banco Santander en el caso de las cesiones de crédito al rechazar abrir juicio oral contra él, lo que ahora pretende la hermana del Rey.
En el caso de la infanta, sólo Manos Limpias acusa a doña Cristina de colaborar con Urdangarín en dos delitos fiscales cometidos en 2007 y 2008. Las tres magistradas deben decidir ahora, tras oír los argumentos de todas las partes, si acatan la petición. Está previsto que las declaraciones de todos los acusados arranquen el 9 de febrero.
La doctrina Botín ha planeado sobre la causa desde que el pasado 7 de noviembre de 2014 la Audiencia Provincial de Palma ratificó la imputación de doña Cristina por dos delitos fiscales y dejó en manos del instructor decidir si la doctrina Botín era de aplicación en este caso. En su resolución, apuntaron un "matiz" que distinguiría el caso del banquero del de Cristina de Borbón: que la Fiscalía y la Abogacía del Estado sí defienden el interés público frente a unos delitos fiscales que atribuyen exclusivamente a Urdangarín, mientras que en el caso de Botín no apreciaban delito.
La doctrina Atutxa
Sin embargo, hay otra doctrina posterior que sí podría perjudicar a la infanta: según algunos juristas, lo que sería de aplicación en este caso es la denominada doctrina Atutxa, que defiende que una acusación popular puede imputar a cualquier acusado dentro de un procedimiento judicial sin necesidad de que lo soliciten la acusación particular ni el Ministerio Público.
Así lo consiguió precisamente Manos Limpias cuando se convirtió en la única acusación contra el expresidente del Parlamento Vasco por negarse a disolver el grupo parlamentario Sozialista Abertzaleak. Atutxa fue finalmente condenado y el Supremo argumentó que su delito de desobediencia afectaba a intereses colectivos.
Este mismo lunes, Manos Limpias ha tachado de "anacrónica" la doctrina Botín, "matizada y modificada por otra doctrina posterior mucho mas importante, la doctrina Atutxa". Previsiblemente, esta será la estrategia de la acusación para conseguir que la infanta sea juzgada.