Calor y nerviosismo. Ambos reinaban en la sala de la Escuela Balear de Administraciones Públicas, el escenario del juicio del caso Nóos donde, desde las nueve y cuarto, un miembro de la Casa Real respondía ante la Justicia por primera vez en la historia de España. El primero daba fe de su presencia en los abanicos de los asistentes; el segundo en el rostro, por ejemplo, de una Infanta Cristina seria y cabizbaja. La hermana del Rey ha monopolizado el protagonismo mediático, pero también judicial. Los casi 600 periodistas de los 84 medios presentes en Palma, los no desplazados y, en definitiva, todos los españoles, esperan la resolución de las cuestiones previas, una fase que el Tribunal ha querido consumir en la primera jornada, y a la que darán respuesta en menos de 24 horas.
Depende de esta decisión, sin ir más lejos, el futuro de Cristina de Borbón. Nadie descarta su desaparición de la fotografía por el encaje de la doctrina Botín. No abandonarán el banquillo los presuntos cabecillas de la red, Iñaki Urdangarín y Diego Torres, que sentados juntos han atendido a la retahíla de delitos a los que se enfrentan. A los ojos de las tres magistradas, dejando a un lado las dudas que, ayer mismo, su exsocio vertió otra vez sobre el duque de Palma, han intercambiado breves palabras. Es prácticamente unánime una lectura sobre su horizonte: parece imposible que eludan la prisión. En cualquier caso, pronunciará la sentencia la presidenta del Tribunal, Samantha Romero, en julio. La jornada ha girado este lunes en cuatro bloques de cuestiones previas.
Hacienda ya no somos todos
Gritar no siempre da la razón, pero sí un toque de vehemencia a la intervención de Jesús María Silva: "Estamos ante una de las peores pesadillas de Emilio López Orbaneja (maestro de procesalistas); que la acusación popular pueda llevar la acusación por encima del perjudicado y el Ministerio Fiscal". Desencadenaba el intenso debate jurídico sobre la doctrina Botín entre los que defienden su aplicación y quienes pretenden juzgar a la infanta.
Entonaba sus argumentos para el sí el letrado defensor de Cristina de Borbón: "No estamos pidiendo que se aplique la doctrina Botín, solicitamos que se aplique la jurisprudencia consolidado del Tribunal Supremo". Traducido, piden que se aplique la doctrina Botín, la sentencia por la que el Alto Tribunal archivó en 2007 la causa por delitos fiscales contra el fallecido banquero por no acusar la parte perjudicada, véase, la Fiscalía y la Abogacía del Estado como representantes de los ciudadanos y Hacienda. De hecho, según Silva, "hay siete pronunciamientos en idéntico sentido en las audiencias provinciales, no he encontrado ninguno en contra".
Veinte minutos de descanso y más artillería en la misma línea. Tomaba el relevo la Fiscalía Anticorrupción a través de Pedro Horrach citando a Manuel Azaña en su obligación de defender la legalidad. A fin de cuentas, su postura favorable a la doctrina Botín lleva tiempo actuando como un salvavidas para la infanta; y este lunes también: "¿Por qué en base al mismo precepto legal ni un solo ciudadano se ha sentado en el banquillo y en este caso sí? Otorgar legitimidad a Manos Limpias en una discriminación injustificada". Apelando a la literalidad del Derecho y lapidando interpretaciones, Horrach ejerce como escudo y pide "devolver la Justicia al lugar que le corresponde".
Un escudo que también sujeta la Abogacía del Estado. En su nombre, Dolores Ripoll ha vuelto a una frase recurrente en este caso Nóos: "Hacienda somos todos", pero para darle la vuelta. Según ha argumentado, aquel eslogan era mentira. Según la letrada, se trata de un enunciado "meramente" publicitario sin efectos jurídicos. Es decir, que Hacienda no somos todos ante los ojos de la ley.
Dicho esto, lanzaba su últimas piedras sobre Manos Limpias: "La acusación popular no se fundamenta en el bien común, puede tener objetivos personales o clientelares".
Manos Limpias no se arruga
Que Manos Limpias ejerza legítimamente la acción popular y, en consecuencia, que la doctrina Botín no encaje en la causa de la Infanta; esa es la cuestión. Sentarse o no en el banquillo. Para su representante, Virginia López Negrete, "la ley no establece ningún tipo de limitación a la acusación popular". A tenor de su afirmación, ha recogido el sistemáticamente citado artículo 782.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal: Si el Ministerio Fiscal y el acusador particular solicitaren el sobreseimiento de la causa... lo acordará el juez". He aquí el primer defecto, señalaba Negrete, cuando la Abogacía del Estado no ha pedido el archivo parcial en relación a la hermana del Rey.
¿Es idéntico aquel caso con Emilio Botín como protagonista y la trama Nóos? Lógicamente para la defensa de la infanta, la Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía del Estado, lo es. Distinto parecer ha expuesto Manos Limpias, porque entonces el Supremo archivó totalmente los hechos al entender que no eran constitutivos de delito. En este caso, "no respondería al principio de celeridad. El juicio seguiría con o sin la señora infanta".
Pide a los reyes
Y pinceladas en el resto de bloques. Abría la cuestión de competencia de la Audiencia Provincial de Palma para juzgar el caso en su conjunto, también las ramas de Valencia y Madrid. Solicitó en su día la división por Comunidades, Manuel Pascual Vives, el abogado de Urdangarín. Para sorpresa de algunos, hoy ha renunciado a diferencia de cuatro encausados: Luis Lobón, José Manuel Aguilar, Elisa Maldonado y Jorge Vela.
Subía la intensidad, por ejemplo, cuando la magistrada Samantha Romero ha llamado al orden a un grupo de abogados que "no paraban de hablar". Antes del parón de hora y media para comer, el fiscal ha despachado el tercer bloque. Se ha opuesto a las causas de nulidad o anulación de pruebas sobre Diego Torres que planteaba su abogado, Manuel González Peeters. También resolverá el Tribunal.
Las "otras cuestiones" han elevado ritmo y tono en el último bloque. Manos Limpias ha exigido que los acusados (que se han opuesto) se presenten en todas las jornadas del juicio; la defensa de Urdangarín ha equiparado derechos con su mujer pidiendo que, si se va a admitir un informe de la Agencia Tributaria que exculpa a la Infanta de delito fiscal, se haga lo mismo con el documento pericial que libra al duque de Palma; otros encausados han intervenido en el juego de validación y deconstrucción de pruebas…
Pero habló González Peeters. El abogado de Diego Torres se apuntaba los dos últimos momentos en los que despertó la Sala. Por un lapsus lingue, en el que confundió "heterodoxo procesal" con "heterodoxo sexual" ante las risas de todos; y por nombrar al Rey, o mejor dicho a los reyes. Insiste en una petición desestimada ya por el Tribunal: llamar a declarar a Felipe VI y Juan Carlos I, por lo que tengan que decir.
Urdangarín y Cristina llegaron juntos al juicio. Se fueron con la incertidumbre antes de dilucidar si abandonarán juntos también. Como dice la primera línea del soliloquio de William Shakespeare, Hamlet, "ser o no ser". Juzgar o no juzgar a la infanta. Todo depende de Rocío Martín, Samantha Romero y Eleonor Moyà, las tres juezas que, entre calor y nerviosismo, resolverán el futuro de los encausados en Nóos. De momento, previsiblemente mañana, dibujarán la fotografía definitiva del banquillo. Veremos si con la infanta.