Para Jordi Pujol Ferrusola no puede "atisbarse ni remotamente" un indicio de corrupción en el mandato de su padre al frente de la Generalidad. La versión completa de su defensa se la ha trasladado esta mañana al juez que investiga el origen de su patrimonio, José de la Mata. El primogénito de la familia ha presentado un recurso en el que solicita que la Audiencia Nacional levante las medidas cautelares que pesan sobre su figura: tanto el bloqueo de sus cuentas y activos financieros como la prohibición de disponer de los bienes inmuebles a su nombre.
El abogado defensor Cristóbal Martell ha desplegado en el escrito toda su artillería. Argumenta que el imputado dispone de un patrimonio suficiente, con bienes que superan los ocho millones y medio de euros, para afrontar el pago de una eventual responsabilidad civil por perjuicios. Además, niega que su cliente haya emprendido un proceso de descapitalización a raíz de la investigación judicial, simplemente se ha alterado "la composición de su patrimonio" mediante donaciones a su hija y traspasos de acciones a su mujer.
Pone en tela de juicio la imputación de blanqueo de capitales. El recurso cuestiona tal consideración porque se basa "en una sospecha policial sin fundamentos" y el juzgado al que se dirige "no puede ser refugio" de ella. De hecho, la defensa desprecia la tesis de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) que retrata comisiones ilícitas en los ingresos de Jordi Pujol Ferrusola. Martell manifiesta que una investigación de tres años "no ha permitido identificar, por inexistentes, a qué concreto concurso o adjudicación puede referirse" y no aporta "ni un solo dato concreto”.
Martell se atreve incluso a hablar de "paradoja". Reitera que "junior" no ha incurrido en ningún delito fiscal pero, si se aceptara la hipótesis de que se ha enriquecido con comisiones ilegales, Hacienda debería dinero a su cliente. Concretamente los cinco millones y medio de euros que pagó en impuesto de sociedades que se convertirían en ingresos indebidos en el marco de la "tributación de lo ilícito".
Atisbos de corrupción
El juez de la Mata ha certificado que Jordi Pujol Ferrusola trasladó su fortuna en plena investigación desde Andorra hasta Panamá y otros paraísos fiscales. La UDEF calcula un patrimonio de alrededor de 900 millones de euros. El padre, Jordi Pujol Soley, la madre Marta Ferrusola y los siete hermanos han prestado declaración en la Audiencia Nacional como imputados. El Juzgado Central de Instrucción 5 investiga la causa desde que el 17 de enero de 2013, la exnovia del primogénito, María Victoria Álvarez, ratificara ante el juez Pablo Ruz que acompañó a Andorra a su entonces pareja para ingresar en un banco una mochila llena de billetes de 500 euros.
En el punto de mira de la justicia se encuentran cinco sociedades a nombre del matrimonio entre Pujol junior y Mercé Gironés que, según el juez y la teniente fiscal Anticorrupción, habrían recibido transferencias de hasta 8,5 millones de euros por parte de 17 grandes constructoras y empresas de servicios que directa o indirectamente declararon "ingresos procedentes de distintos organismos públicos de Cataluña". En base a la documentación de las cuentas bancarias facilitada por Andorra, el dinero se podría haber repartido a partes iguales entre los depósitos de su madre y sus hermanos.