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Mas y la CUP reactivan el golpe de Estado con una declaración de independencia

Juntos por el Sí y la CUP han registrado una propuesta de resolución conjunta.

Mientras la Policía registraba los domicilios de los Pujol, incluido el "santuario" paterno, la plataforma de Mas y Junqueras y la CUP registraba en el parlamento regional una declaración "solemne" de independencia con las firmas de Jordi Turull (CDC), Marta Rovira (ERC), Antonio Baños y Anna Gabriel, ambos de la CUP, así como la petición de que se convoque de urgencia a la Junta de Portavoces y un pleno extraordinario para aprobar la resolución.

Ese es el primer acuerdo concreto al que han llegado Juntos por el Sí y la CUP y se pretende llevar a cabo antes del debate de investidura. El texto insta al Gobierno regional a desobedecer las leyes españolas, iniciar el "proceso de desconexión", llama a la insurrección popular e institucional y a que se disponga en un plazo de treinta días de hacienda y seguridad social propias.

En el primer punto se establece que la mayoría en escaños es suficiente para proclamar la independencia. Dice así: "Constata que el mandato democrático obtenido en las pasadas elecciones se basa en una mayoría de escaños de las fuerzas parlamentarias con el objetivo de que Cataluña se convierta en un estado independiente con una amplia mayoría soberanista en votos y escaños que apuesta por la apertura de un proceso constituyente no subordinado".

El segundo punto es la declaración unilateral: "Declara solemnemente el inicio del proceso de creación del estado catalán independiente en forma de república".


"Empoderamiento" popular y desobediencia

Los puntos tercero y cuarto aluden a la participación de los ciudadanos y a que el Gobierno autonómico vele por hacer efectiva la declaración. El quinto habla de la constitución en un mes de la hacienda y la seguridad social y en el sexto entran en materia de desobediencia al afirmar: "Como depositario de la soberanía y expresión del poder constituyente, reitera que este parlamento y el proceso de desconexión democrática no se supeditarán a las decisiones de las institución del Estado español, en particular del Tribunal Constitucional, a quien considera deslegitimado y sin competencia a consecuencia de la sentencia de junio del 2010 sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña votado previamente por el pueblo en referéndum, entre otras". Se supone que se refiere a otros fallos.

El séptimo punto es una llamada a la insurrección popular. Este es el texto: "Adoptará (el ejecutivo) las medidas necesarias para abrir este proceso de desconexión democrática, masiva, sostenida y pacífica con el Estado español de tal manera que permita el empoderamiento de la ciudadanía a todos los niveles y en base a una participación abierta, activa e integradora".

El octavo apartado llama a la desobediencia institucional: "Insta al futuro gobierno a cumplir exclusivamente aquellas normas o mandatos emanados de esta cámara, legítima y democrática, a fin de blindar los derechos fundamentales que puedan quedar afectados por decisiones de las instituciones del Estado español". Para acabar, "declara la voluntad de inicio de negociaciones para hacer efectivo el mandato democrático de creación de un estado catalán independiente en forma de república y lo pone en conocimiento del Estado español, de la Unión Europea y del conjunto de la comunidad internacional".

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