El enrevesado "caso del 3%" podría arrojar sorprendentes novedades el martes, cuando el director general de "Infraestructures.cat", la empresa de la Generalidad para las licitaciones de obra pública, y su abogado asistan a la apertura de la caja fuerte y los maletines entregados por un amigo de Josep Antoni Rosell, el director general de la empresa, a la Guardia Civil.
Mientras el amigo de Rosell se deshacía del material que se le había dejado en custodia al entender que podía estar relacionado con el caso y probablemente siguiendo instrucciones del propio director general, un alto funcionario de "Infraestructures.cat" se prestaba a colaborar con la Guardia Civil y explicar el procedimiento mediante el que se alteraban las adjudicaciones, algo que tan simple que consistía en modificar el apartado de criterios subjetivos.
Hay más personal de la Generalidad dispuesto a colaborar con los investigadores y el juez de El Vendrell (Tarragona), Josep Bosch Mitjavila, barcelonés de treinta años y con uno de los expedientes más brillantes de su promoción en la Escuela Judicial. Bajo una apariencia informal, Bosch dirige la investigación en franca sintonía con los fiscales anticorrupción y no hace declaraciones sobre un expediente que estalló en Torredembarra por la denuncia de una concejal de ERC, Montserrat Gasull, que fue fulminada por su propio partido. Desde entonces, enero del 2014, Bosch se hizo cargo de un caso con múltiples ramificaciones y que afecta tanto al partido de Artur Mas como a la administración que preside.
El desmejorado aspecto de Mas
Esta martes se sabrá el contenido del material del amigo de Rosell aportado a la Guardia Civil de manera voluntaria. La caja fuerte, los maletines y las "traiciones" de funcionarios han hecho mella en Mas, que el viernes comparecía ante el Parlamento catalán con un aspecto francamente desmejorado, el cabello crispado y con la súbita aparición de canas. Admitió el cobro de donaciones a la fundación de su partido y que tales cobros acababan en las arcas del partido, pero negó que estuvieran vinculadas a las adjudicaciones de obra pública. Sin embargo, la documentación que pueda hallarse en los maletines y en la caja fuerte atenaza y bloquea la situación política catalana.
Mas ve alejarse la posibilidad de que la CUP cambie de criterio y acepte investir presidente a quien consideran culpable de los recortes y pringado por la corrupción. Y por muy mediáticas que resulten las operaciones de registro en las sedes, ayuntamientos y en edificios de la propia Generalidad, las acusaciones y excusas de Mas son cada vez más endebles.
Lamento del director de 'La Vanguardia'
El director de La Vanguardia, Màrius Carol, hace votos para que Mas supere el trance, pero no se muestra muy optimista en su billete de este domingo, en el que escribe: "Sería bueno que todo acabara en nada, pero no parece que esta vez salga gratis. Una caja fuerte que apareció tras los registros es objeto ahora de múltiples especulaciones.
El martes se procederá a su apertura. Si al final la justicia no tiene donde agarrarse, Mas y su gente podrán izar la bandera del victimismo. En caso contrario, el proceso podría embarrancar y la política catalana entraría en una nueva dimensión: la dimensión desconocida".
Comienzo de legislatura marcado
El hecho de que Mas pusiera la mano en el fuego por sus dos tesoreros detenidos y no por el director general de "Infraestructures" en la sesión parlamentaria del viernes pasado evidencian el pánico de Mas y de los dirigentes de su partido ante lo que pueda salir de la caja fuerte y de los maletines.
Este lunes se constituye el nuevo parlamento regional. Está prevista una solemne declaración de inicio del proceso de constitución de un "estado catalán independiente en forma de república". Como telón de fondo, las palabras de Mas sobre la posibilidad de desobedecer un fallo judicial en contra si Cataluña es un estado y las reiteradas negativas de la CUP. Con Mas no hay trato, sustancian. O se va (la CUP acepta a Neus Munté, vicepresidenta de la Generalidad en funciones y con pasado en la UGT) o no hay trato.
La comisionada y Pujol
En la huida hacia ninguna parte que ha emprendido Mas destacan dos lamentables coincidencias que generan reparos incluso entre sus propios socios de ERC. Que la comisionada para la Transparencia de la Generalidad, Núria Bassols, sea la esposa del empresario detenido Josep Manel Bassols, exalcalde de CiU y supuesto beneficiario de adjudicaciones, no ayuda a la defensa de Mas, que la mantiene en el puesto.
Núria Bassols es magistrada en excedencia del TSJC que debe decidir sobre el 9-N, una de las jueces de la cuota convergente en el tribunal. Tampoco conviene a Mas el trascendido de su reunión con Jordi Pujol en la casa de un exconsejero de Banca Catalana, el mismo miércoles en el que se desencadenó la tercera fase de la operación Petrum, unas detenciones y registros que pueden ser el principio del fin de la carrera de Artur Mas.