El enfrentamiento entre Irene Lozano y Rosa Díez, hasta hace poco amigas, todavía compañeras de bancada y la primera aspirante a suceder a la segunda, ha crecido este lunes hasta extremos insospechados, si bien sus dos protagonistas mantienen un perfil bajo en público. La dirección de UPyD ha presentado los detalles del congreso extraordinario del 11 de julio, en el que Díez cederá el testigo del liderazgo del partido ocho años después de haberlo fundado tras abandonar el PSOE. Un anuncio eclipsado por el escrito que Lozano y otros tres afiliados, entre ellos Rodrigo Tena, una de las personas que dimitió como miembro de la dirección tras las elecciones andaluzas, han presentado ante la Comisión de Garantías pidiendo la sustitución del Consejo de Dirección por una gestora para garantizar la neutralidad hasta el cónclave. Todos los afiliados magenta podrán votar a las candidaturas que se presenten -tienen de plazo hasta el próximo sábado- a través de urnas instaladas en todas las capitales de provincia el mismo día 11, cuando se celebrará un acto central en el Círculo de Bellas Artes de Madrid.
Durante la rueda de prensa, las preguntas han versado únicamente sobre el ERE que afronta UPyD y las indemnizaciones que están percibiendo los trabajadores, según el responsable de organización Juan Luis Fabo "las máximas que permite la Ley en nuestra situación" así como sobre lo que ya se conoce como ‘Lozanoleaks‘, unas comunicaciones desveladas en su día por Público e Infolibre. A ellas se ha referido Ramón Marcos como "una trama" ante la que sin embargo no se ejerció acción disciplinaria alguna, pues según las propias palabras del que fuera candidato a la Comunidad de Madrid: "Hemos decidido que sea el próximo Consejo de Dirección el que actúe, porque no queremos afectar al proceso congresual". Una y otra vez, tanto Marcos como Fabo han recordado la actuación "muy grave" del que fuese diputado de UPyD en Asturias y hoy de Ciudadanos en la misma comunidad, Igancio Prendes, cuya secretaria y empleada del partido figuraba como representante ante la Junta Electoral del partido de Albert Rivera cuando Prendes aún pertenecía a las filas magenta.
Preguntados por si ponían la mano en el fuego porque Rosa Díez no hubiese hecho gestiones en 2007 con dirigentes de Ciudadanos, cuando era eurodiputada del PSOE, para la posterior creación de UPyD, Marcos ha dicho: "Se lo tendrá que preguntar a ella". Marcos ha negado incluso que la propia Díez diese apoyo al incipiente partido en un acto en 2006 en Madrid, siendo todavía dirigente del PSOE, aduciendo que era una "asociación" pese a que el cartel bajo el que se produjo su intervención rezaba "Ciudadanos, nace tu partido". Sin embargo, Díez y su entorno, particularmente Carlos Martínez Gorriarán, estuvieron en estrecho contacto con los primeros dirigentes del partido naranja, incluido Albert Rivera, muchos de los cuales pasarían luego a engrosar las filas de UPyD.
Desde el entorno de Irene Lozano, a la que ni Fabo ni Marcos han citado en ningún momento, muestran su "asombro" por el intento de la dirección de justificar lo que califican de "espionaje". Aseguran que "queda suficientemente demostrado que no hay ninguna trama ni ninguna negociación con ningún partido" y vuelven a pedir neutralidad: "Lo único que pedimos es que dejen de utilizar los medios del partido para influir en la campaña interna, exigimos la neutralidad a la que obligan los estatutos". Fabo y Marcos niegan que se trate de espionaje y explican que cuando tuvieron conocimiento de que la secretaria de Prendes era la representante electoral de otro partido se cumplió con una "obligación básica del Consejo de Dirección: la de proteger al partido. Se actuó de forma legal, no se ha entrado en correos personales". Según esta versión, se encargó el rastreo de los correos a una empresa especializada facilitándole a la misma varias palabras clave, como Prendes, Ciudadanos o Encuentro, el nombre de la plataforma que aglutinaba a militantes de UPyD y de Ciudadanos partidarios de la fusión de ambas formaciones.
La resolución del escrito de Lozano y otros tres afiliados queda en manos ahora de la Comisión de Garantías, un órgano que se reduce a dos personas dado que uno de los que firmaban con Lozano, Félix Ortiz, es miembro del mismo y necesariamente se inhibe. Hasta este mismo lunes no habían comenzado a estudiar el texto, aunque esperan resolver antes del sábado, cuando vence el plazo para la presentación de candidaturas.