Una cuenta bancaria B escondida al Ministerio de Exteriores, fraude con los impuestos de la gasolina y el alcohol, una protesta formal del Gobierno de Finlandia, un cocinero que era a la vez jefe de seguridad y que controlaba las cámaras de seguridad desde un monitor colocado junto a los fogones... El extraño funcionamiento de la embajada de España en Helsinki está siendo investigado por la Audiencia Nacional desde hace tres años.
Según informa este domingo El Mundo, los problemas en la delegación diplomática en Finlandia fueron detectados con la llegada de un nuevo embajador, Marcos Vega, que tras pasar por Irak o Yemen fue destinado al país escandinavo en marzo de 2011. Fue él quien denunció la situación al Ministerio de Exteriores, sobre todo, la existencia de la cuenta en B que servía para facilitar sobresueldos a algunos empleados haciendo fraude con los impuestos del alcohol y la gasolina.
Este fraude con alcohol y gasolina llegó a propiciar una queja formal por parte del Gobierno de Finlandia, ante el desmesurado gasto que tenía la delegación diplomática. A finales de ese año 2011, dos inspectores de servicio llegaron desde Madrid para comprobar la situación de la embajada y tras comprobar la existencia de esa cuenta B, que había sido abierta por el canciller de la delegación, dieron orden de que la misma se cerrase.
Justo antes de la llegada de los inspectores, dos empleados de la embajada dejaron su empleo y, para que el trabajo no se acumulase en exceso mientras Exteriores sacaba las plazas a concurso, embajador y canciller decidieron contratar a dos personas de forma provisional para ocupar esos puestos. Al poco tiempo, el canciller denunció ante el Ministerio que el embajador, Marcos Vega, había falsificado los contratos y que tenía pensado acudir todos los meses al banco con las dos empleadas para quedarse una parte de su salario.
Esta denuncia le supuso a Vega su destitución fulminante como embajador en la primavera de 2012 y su imputación por un presunto delito de falsificación de documentos. La Fiscalía se querelló contra él por falsedad en documento público, prevaricación de funcionario público y malversación. La causa lleva tres años en la Audiencia Nacional, el ultimo de ellos paralizada, y el exembajador mantiene que todo es una venganza por haber denunciado el fraude de la gasolina, el alcohol y la cuenta B que supuestamente supervisaba el canciller de la embajada en Helsinki.