La exconsejera de Presidencia de la Junta de Andalucía Mar Moreno ha manifestado a las puertas del Tribunal Supremo (TS), donde ha declarado ante el juez Alberto Jorge Barreiro, que ella tenía una "absoluta falta de relación" tanto "temporal" como "material" o "competencial" con el sistema de los ERE fraudulentos en Andalucía.
La senadora, que ha sido interrogada en calidad de imputada por el instructor durante una hora y media, ha dicho que se siente"razonablemente satisfecha" de haber podido dar las explicaciones al juez.
"Creo que tanto del informe de la Guardia Civil como de las dudas que he podido despejar en esta declaración queda bastante acreditado mi absoluta falta de relación temporal, material y competencial con este caso y, por lo tanto, tengo plena confianza en el pronunciamiento que se produzca de la justicia", añadió.
"En una democracia y justicia constitucional, tan importante es castigar los delitos y perseguir a los culpables como defender el honor de los inocentes", subrayó Moreno ante los medios de comunicación.
No tuvo acceso a los informes de la Intervención
Según fuentes presentes en la declaración, Moreno ha negado ante el juez conocer los informes de la Intervención General donde se alertó en múltiples ocasiones de las irregularidades de este sistema de expedientes de regulación de empleo. La imputada ha explicado que dichos informes nunca pasaron por sus manos y que si hubiera percibido alguna irregularidad la habría puesto en conocimiento de las autoridades competentes.
Por otro lado, Moreno ha negado tener conocimiento de la información que se trataba en los denominados ‘consejillos’, es decir, las reuniones previas a los Consejos de Gobierno llevadas a cabo para preparar los asuntos que se abordarían en los mismos. Según se recoge en su acta de declaración, el exconsejera explicó que ella dedicaba "toda su labor" a ejercer de portavoz de la Junta de Andalucía y que quien presidía dichos ‘consejillos’ era el viceconsejero.
Asimismo, la senadora ha explicado que los expedientes que llegaba a la Consejería o a la Junta de Consejeros estaban ya visados por lo que se suponía que cumplían con todos los requisitos legales.
Habló con Griñán
En su declaración, Moreno manifiesta que tiene "consciencia" en febrero de 2011 de que se produce una información en la que un director general – en referencia a ex director de empleo Francisco Javier Guerrero- habla de un "fondo de reptiles" y partir de ahí "se vio obligada a profundizar en el conocimiento del caso".
Según ha manifestado Moreno, entonces habló de forma "inmediata" con el expresidente Griñán, "recibió instrucciones y se tomó la decisión de que la Junta se personara como acusación particular y aportara la documentación que les fue requerida a partir de ese momento".
Asimismo, la senadora ha explicado que "nunca fue consultada" sobre los ERE "ni se habló" en su presencia sobre este asunto y que este sistema se puso en marcha varios "años antes de que ella llegara a la Consejería de Presidencia".
La fiscalía pide que declare el interventor
La de Moreno ha sido la última de las declaraciones prestadas durante las dos últimas semanas por los cinco aforados, tras las del exconsejero de Empleo José Antonio Viera, los expresidentes de la Junta José Antonio Griñán y Manuel Chaves, y el exconsejero de Presidencia Gaspar Zarrías. El juez deberá ahora decidir si se practica alguna otra diligencia antes de solicitar los respectivos suplicatorios al Congreso y al Senado o,por el contrario, archivar la causa contra los cinco imputados.
De momento, los fiscales del caso Fernando Prieto y Rafael Escobar han solicitado este martes al instructor que cite a declarar al que fuera interventor general de la Junta de Andalucía, Manuel Gómez Martínez y el ex Consejero Antonio Fernández.
Tras conocer las declaraciones de Chaves y Griñán ante el Supremo, el exinterventor emitió un comunicado en el que criticó que los expresidentes socialistas "basaran su defensa en tratar de desviar su evidente responsabilidad en el fraude hacia los interventores de la Junta de Andalucía". De la misma forma, en dicho escrito Manuel Gómez pedía declarar de forma voluntaria ante el juez Jorge Barreiro. El sindicato Manos Limpias también ha solicitado que sea citado a declarar en el Alto Tribunal.