El fiscal Anticorrupción Antonio Romeral apoya la postura del juez Pablo Ruz y entiende que la Agencia Tributaria debe entregar los datos que el instructor ha solicitado en el marco del caso Bárcenas aunque estos mismos datos eximan de haber cometido un delito al Partido Popular en el año 2008, según fuentes fiscales consultadas por Libertad Digital.
El pasado 25 de febrero Ruz dictó una providencia donde dio cinco días a la AEAT para que proceda a determinar la responsabilidad de la formación de Mariano Rajoy "en relación a las aportaciones económicas que en concepto de donaciones aparecen anotadas en los registros contables opacos objeto de análisis", recogidos en los denominados "papeles de Bárcenas".
El instructor realizó esta solicitud "para el caso de que no se consideren rentas exentas de tributación y tomándose únicamente en consideración para la determinación de la eventual base de tributación los gastos en que hubiera incurrido la formación política en el ejercicio de referencia que atiendan a los criterios y requisitos establecidos en la legislación tributaria".
En respuesta a esta petición, la inspectora jefa de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), Marga García Valdecasas, emitió unas alegaciones en un tono muy duro donde explicó que los peritos que prestan auxilio judicial a Ruz ya señalaron que el PP no estaba obligado a tributar por estas aportaciones y añadió que "lo que no se puede pretender es constreñir al autor de un informe o emitir una opinión distinta de la que ya ha manifestado en ocasiones anteriores".
Los peritos de Hacienda sostuvieron en dos informes dictados el 25 de septiembre de 2013 y el 17 de octubre de 2014 que los 'populares' no estaban obligados a tributar por los 7,5 millones de euros en donaciones que, según la contabilidad de Bárcenas, habría recibido entre 1990 y 2008 porque se habrían destinado a fines propios del partido, lo que, según la Ley de Partidos, les eximiría de tributación. En este caso, el juez preguntó por una cuestión más concreta: si el PP debería haber declarado por dichas donaciones en el Impuesto de Sociedades del año 2008, único ejercicio fiscal no prescrito.
"Si el criterio jurídico emitido por la Agencia Tributaria no resulta provechoso o convincente para el órgano judicial, podrá prescindirse de él, no tomándolo en consideración como base o fundamento de las resoluciones judiciales que se dicten en el proceso", señaló García Valdecasas en su escrito.
Ahora, Anticorrupción apoya la postura de Ruz y entiende que la Agencia Tributaria debe dar al instructor los datos que éste solicita porque "la valoración" jurídica de los mismos le corresponde al instructor y no a la jefa de la ONIF.