Cuando parecía que el Partido Popular iba a salir indemne, penalmente hablando, de la causa donde se investiga la contabilidad B de la formación, el juez Pablo Ruz mueve ficha e insiste en que el partido de Mariano Rajoy pudo haber cometido fraude fiscal.
Esto se debe a que el magistrado de la Audiencia Nacional ha dictado una providencia, notificada este jueves, donde solicita a la Agencia Tributaria que detalle a la mayor brevedad posible la eventual responsabilidad que pudiera tener el Partido Popular (PP) por el Impuesto sobre Sociedades de 2008" en relación con las donaciones que habría recibido en este ejercicio fiscal.
En la resolución, a la que ha tenido acceso Libertad Digital, Ruz da cinco días a la AEAT para que proceda a determinar la responsabilidad de la formación de Mariano Rajoy "en relación a las aportaciones económicas que en concepto de donaciones aparecen anotadas en los registros contables opacos objeto de análisis", recogidos en los denominados "papeles de Bárcenas".
El instructor ha realizado esta solicitud "para el caso de que no se consideren rentas exentas de tributación y tomándose únicamente en consideración para la determinación de la eventual base de tributación los gastos en que hubiera incurrido la formación política en el ejercicio de referencia que atiendan a los criterios y requisitos establecidos en la legislación tributaria".
Es decir, Ruz dicta esta providencia para que la Agencia Tributaria cifre la cuantía a la que ascendería el fraude fiscal en caso de que, tal y como ha señalado la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción, se concluya que las donaciones del año 2008 no estaban exentas de tributación. El magistrado quiere saber si sería imputable un delito contra la Hacienda Pública al Partido Popular por el ejercicio fiscal del citado año.
Además, en la providencia, el instructor del caso Bárcenas señala que ordena practicar esta diligencia "al objeto de permitir el completo esclarecimiento de los hechos objeto de investigación y su ulterior valoración por este instructor y las partes personadas".
Hasta ahora, los peritos de la Agencia Tributaria designados en esta pieza separada han defendido que el PP no estaba obligado a tributar por los 7,5 millones de euros en donaciones que habría recibido entre 1990 y 2008 -tal y como recogen los apuntas contables del extesorero -porque estos se habrían destinado a fines propios del partido, un hecho que les eximiría de tributación.