La Conferencia de Rectores de las Universidades (CRUE) ha acordado este lunes por amplia mayoría una moratoria de dos cursos para aplicar la reforma que flexibiliza la duración de las carreras, aprobada el viernes por el Gobierno, de forma que no implantarían grados de tres años antes de 2017-2018.
Las universidades lo han aprobado reunidas en asamblea general extraordinaria con 57 votos a favor, uno en contra y cinco abstenciones, la mayoría privadas, según han informado fuentes universitarias.
El sistema de universidades español engloba 82 centros, de los que 50 son de titularidad pública y 32 privada.
En rueda de prensa, el presidente de la CRUE, Manuel López, ha reconocido que el real decreto de reforma no pone plazos para implantarlo y que por eso mismo se han planteado esta moratoria.
Ha recalcado que los rectores han tenido un diálogo "fluido" con el Ministerio de Educación sobre este asunto, pero siempre han defendido que, a pesar de estar de acuerdo con una flexibilización de la duración de los grados, había que hacerlo con "prudencia y tiempo", pues "no era el momento oportuno de una modificación de esta naturaleza".
A su vez, fuentes de Educación han recordado que la normativa no indica una fecha para la aplicación, así que pueden implantarla "si quieren, cuando y como quieran".
Ha argumentado López que hace poco tiempo que se implantó el sistema de grados de cuatro años y no ha sido evaluado suficientemente todavía. Además, ha llamado la atención sobre el momento "electoral" en alusión a las próximos comicios autonómicos y generales y los posibles cambios de gobierno.
López ha sido preguntado sobre el ahorro de 150 millones de euros que, según el ministro José Ignacio Wert, supondría para las familias pasar del modelo general actual de grados de cuatro años a otro de tres.
Ha apuntado que si ese es el dato, el ahorro en gasto público en el sistema universitario español, que es cinco o seis veces superior a esa cantidad, sería de 750 o 900 millones.
"Los grados de tres o cuatro años no es cuestión de ahorro, sino de calidad académica y de necesidad de formación de los estudiantes, de la empleabilidad, del tiempo que dedican a prácticas externas", ha subrayado López. Así que "no compartimos -ha proseguido- que hacer grados de tres o cuatro años esté en función de la situación financiera, sino de lo mejor para los estudiantes".
Ha precisado que la asamblea de la CRUE pide a las universidades que hasta después de septiembre de 2016 no se produzcan tramitaciones que conlleven la verificación o aprobación de grados de tres años para que no hubiera nuevos grados de esta duración antes del curso de 20017-2018.
Los rectores se han comprometido a estar "trabajando" en este período en una evaluación del sistema, un análisis económico de implantación de los grados de tres años, de los másteres de uno o dos años, de las tasas de matrícula y su repercusión. "Vamos a intentar explicar con claridad esto a las familias y estudiantes (...) Será una labor de difusión para aclarar la confusión que pueda generar" el real decreto, ha apuntado.
Ha reconocido que algunas universidades tienen "dudas" sobre la moratoria, pero el "ánimo" es seguir la petición de la CRUE en este sentido, para buscar la cohesión del sistema universitario. Si alguna universidad tuviera interés en implantar alguna titulación de tres años antes, la CRUE puede analizar el caso concreto, porque "quizás pueda haber alguna excepción".
Según López, en algunos países europeos se plantean si los grados de tres años son los adecuados, mientras que son de cuatro en otros sistemas internacionales como los americanos.
"Nos gustaría que aquellos grados que entendemos que deben ser de cuatro años lo sean en todo el territorio nacional", al tiempo que ha recordado que las comunidades autónomas tienen competencia en la autorización de titulaciones. "No sería deseable -ha advertido- que las comunidades adoptaran medidas contradictorias".
Por su parte, la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Publica (Creup) ha coincidido con los rectores en la necesidad de una moratoria y han abogado por impulsar un "Foro Estatal de política Universitaria" para "minimizar los efectos perjudiciales" de la nueva regulación".
Tras reunirse la Creup en asamblea, su presidente, Luis Cereijo, ha declarado a la prensa que el nuevo decreto se ha aprobado con "imposición, improvisación y exclusión".