Desde que el Gobierno decidió defender la puesta en libertad del torturador de Ortega Lara en agosto de 2012 por "motivos humanitarios", al entender que el cáncer que padecía era terminal y su muerte era inminente han pasado más de 850 días. En concreto, desde que el juez José Luis Castro le concedió la libertad el 30 de agosto de 2012 han pasado dos años, cuatro meses y 17 días.
Tal y como han denunciado de manera reiterada las principales asociaciones de víctimas del terrorismo, la excarcelación de Josu Uribetxeberria Bolinaga fue una decisión política tomada desde el Gobierno y no una cuestión médica. De hecho, el propio presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy, mostró su apoyo a la excarcelación a preguntas de los ciudadanos durante un programa de televisión en septiembre de 2012.
"Ha estado quince años en prisión y, según he leído en algunos medios de comunicación, lleva cincuenta días en el hospital y apenas pesa 47 kilogramos", dijo, para añadir posteriormente que "las leyes no quieren que nadie muera en la cárcel". Olvidó entonces el presidente del Gobierno que el terrorista de ETA había pasado quince días haciendo una huelga de hambre y su extrema delgadez era a causa de esto y no de su cáncer.
También el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz había apoyado la excarcelación del terrorista, lo hizo quince días antes que su jefe, durante el debate público generado en los medios de comunicación y en la sociedad. Llegó a decir, incluso, que mantenerlo en prisión podría ser constitutivo de un delito de prevaricación.
Informes en contra
Apenas unas horas después de que el titular de la cartera de Interior diese su apoyo a la excarcelación, la médico forense de la Audiencia Nacional Carmen Baena había entregado un informe al juez en el que aseguraba que el secuestrador de Ortega Lara "no se encontraba en fase terminal" y que la sintomatología que presentaba era compatible con su tratamiento por parte de los servicios médicos penitenciarios, pese a que tuviese que ir a un hospital para someterse a radioterapia. Los dos años y cuatro meses que han pasado desde su excarcelación hasta que ha fallecido confirman sin duda la teoría de Carmen Baena, que no fue tenida en cuenta.
El informe de Baena añadía también que la extrema delgadez del terrorista se debía a la huelga de hambre y no al cáncer. En general, contradecía las tesis del elaborado por la cárcel alavesa de Zaballa, en el que se decía que el etarra no podía ser atendido en un centro penitenciario "porque en las prisiones hay enfermerías que son como centros de atención primaria" y que tenía muchas posibilidades de morir antes de un año.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional, asumiendo el contenido del informe de la médico forense, pidió que Josu Uribetxeberria Bolinaga no fuera excarcelado porque "carece en el momento actual de sintomatología que permita incluirlo en una situación claramente terminal, por lo que no se encuentra en el último período de su vida" y además "no ha sido sometido a ningún tratamiento terapéutico de radioterapia o quimioterapia, elemento importante para valorar las auténticas expectativas de vida del interno".
A pesar de que la médico forense se ratificó en un segundo informe en que la situación del etarra no era terminal, el juez de Vigilancia Penitenciaria, José Luis Castro, -ya en su puesto, pues su compañero Ismael Moreno le había sustituido durante su periodo de vacaciones- le dejó en libertad alegando que existía "riesgo patente de muerte".
Los informes de la médico forense Carmen Baena supusieron para ella "importantes presiones", entre las que se incluyó una denuncia interpuesta ante el Colegio de Médico de Madrid por parte de Jaiki Hadi, una asociación de personal sanitario "dedicada a prestar asistencia a cualquier persona que haya sufrido, o esté sufriendo, la violencia política en Euskal Herria por parte de los Estados español y francés", según explica en su página web. La institución médica madrileña confirmó que el informe de la médico forense de la Audiencia Nacional era correcto, lo que obligó al Juez de Vigilancia Penitenciaria a solicitar un nuevo informe sobre la salud del etarra.
Sin embargo, esta vez, el informe ya no fue encargado a la misma experta de la Audiencia Nacional, sino a otro equipo de médicos, también del tribunal, designados según los propios criterios del juez, que le realizaron un texto que apoyaba la tesis de la excarcelación del preso.
La Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) terminó denunciando ante los tribunales a ambos forenses (Vidal Santos y Leonor Ladrón de Guevara) porque no reconocieron a Josu Uribetxeberria Bolinaga, sino que se limitaron a acompañarle a un visita médica al Hospital Donostia de San Sebastián.
Además, asesino
Bolinaga además no sólo fue el carcelero de Ortega Lara. El pasado mes de abril de 2014, un informe elaborado por la Guardia Civil afirmaba que el terrorista asesinó al agente Antonio Ramos en junio de 1986, cuando este salía de un bar en la localidad guipuzcoana de Mondragón. Según el informe de la Benemérita, Bolinaga habría sido el encargado de abrir fuego con una metralleta contra el guardia civil y el vehículo particular en el que estaba subiendo.
La investigación, en la que se incluyeron los datos sobre dicho asesinato y las pruebas recabadas -no se conoce por qué no fueron remitidas tras la liberación del funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara- junto con las pertinentes diligencias de instrucción, llevó al juez Ismael Moreno a enviarlo a juicio. La Fiscalía solicitó para él 29 años de cárcel, aunque se dudaba de si el el terrorista de ETA podría volver a ser detenido e ingresar en prisión.
Más de dos años y cuatro meses después Josu Uribetxeberria Bolinaga fallecía este viernes tras pasar más tiempo excarcelado que la esperanza de vida que le daban los informes médicos favorables a su excarcelación.