El titular del Juzgado de Instrucción Número 3 de Palma José Castro ha dictado este viernes un auto donde inadmite a trámite el recurso interpuesto por la defensa de la infanta Cristina contra el auto de apertura de juicio oral.
En la resolución, el instructor del caso Nóos explica que contra dicho auto no cabe legalmente la posibilidad de interponer recurso respecto a los acusados. Castro explica que así viene determinado en el artículo 783 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que detalla que "contra el auto que acuerde la apertura del juicio oral no se dará recurso alguno, excepto en lo relativo a la situación personal, pudiendo el acusado reproducir ante el órgano de enjuiciamiento las peticiones no atendidas". "La apertura de juicio oral goza de una inmediata firmeza", subraya el juez.
En el auto, el instructor vuelve a defender la legitimación del sindicato Manos Limpias -acusación popular en esta causa- para solicitar en solitario la apertura de juicio contra la hermana del Rey y que, en consecuencia, a la infanta no se le debía aplicar la denominada doctrina Botín.
Además, en el auto Castro critica que el abogado de la Infanta Cristina, Miquel Roca, "incansablemente" haya difundido ante los medios de comunicación "su criterio sobre que la doctrina Botín era de aplicación a su defendida".
El magistrado acusa a Roca de lanzar afirmaciones en relación a la doctrina Botín que "no responden a la verdad con la esperanza de que siempre habrá alguien que la asuma sin comprobarla". "La técnica es tan antigua como el ser humano", destaca Castro.
Pena de banquillo
Asimismo, el juez de Palma ha respondido a la alegación realizada por los abogados de la infanta de que la apertura de juicio oral le impone "la perniciosa 'pena de banquillo' cuyos inigualables efectos en el ámbito nacional este instructor estaba, al parecer, llamado a prever y no lo hizo".
En este sentido, José Castro defiende en su auto que no es cometido de los jueces "imponer por la vía de hecho lo que llama 'pena de banquillo', pero tampoco evitarla si con ello hacen dejación de sus funciones".
Por otro lado, el magistrado también niega haber "aprovechado" el auto de apertura de juicio oral para fijar una fianza pecuniaria a la infanta (de 2,7 millones de euros), como aseguraron los defensores de la hermana del Rey en su recurso.
"Decir que este proveyente se ha aprovechado de algo no suena bien pues con ello pudiera dar pie a entender que, teniendo otras opciones, ha elegido aquélla de la que obtener un beneficio o causar un perjuicio", algo que Castro considera que "no responde a la verdad".