El apartado 3 del artículo 315 del Código Penal dice que "serán castigados con las penas de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a 12 meses los que actuando en grupo, o individualmente pero de acuerdo con otros, coaccionen a otras personas a iniciar o continuar una huelga". Según cuenta este lunes el diario El País, el Gobierno está decidido a cambiar la redacción de este artículo para suprimir las penas de prisión para aquellos que coaccionen a otros trabajadores. Es decir, para los piquetes "informativos" que coaccionan, amenazan, boicotean o son violentos con otros trabajadores en las huelgas sectoriales o generales.
Nuestro ordenamiento jurídico sigue careciendo de una Ley de Huelga, algo que expertos jurídicos han criticado en numerosas ocasiones, en cambio, el Ejecutivo tiene previsto suavizar ahora el peso de la Ley sobre los piquetes.
Este movimiento del Gobierno pretende evitar sentencias consideradas "desproporcionadas" como la de tres años de prisión para dos sindicalistas de Pontevedra por tirar pintura a la piscina de un hotel, o las que sobrevuelan sobre 300 trabajadores que podrían ser condenados con penas de cárcel que suman cerca de 120 años.
Lo que va a hacer el Ejecutivo es "asimilar las penas por coacciones que puedan producirse en una huelga con las de otro ámbito que limite también derechos fundamentales" y que se plasmarán en penas de multa y "privación de libertad limitada", según fuentes gubernamentales a El País. Entiende el Gobierno que tiene que "mantener la coherencia entre tipos penales equivalentes".
De este modo, el ministro de Justicia, Rafael Catalá -de quien parte la iniciativa- cede a las constantes presiones de sindicatos y partidos de la oposición. Es más, ya el ex fiscal general del Estado, Torres-Dulce, dijo antes de dimitir que le parecían bien las propuestas de Joan Coscubiela y Rosa Aguilar para estudiar "la desproporción de la pena" en el caso de coacciones de sindicalistas en el marco de las huelgas o protestas de trabajadores.
Catalá considera que las penas actuales son desproporcionados y pretende que las penas de prisión sean excepcionales y siempre vincualdas a episodios de violencia. La izquierda parlamentaria incidirá en otro de sus puntos de desencuentro, el apartado 1 del 315 en el que se refieren a los empresarios, a quienes castigan con las mismas penas cuando "mediante engaño o abuso de situación de necesidad, impidieren o limitaren el ejercicio de la libertad sindical o el derecho de huelga". Dicen los grupos de izquierda, que a los empresarios, en la práctica, no les pasa nada.
El próximo 8 de enero se reúne el Congreso para estudiar la ponencia de la reforma del Código Penal. De momento, grupos de izquierda y sindicatos están de acuerdo en que cualquier reforma debe recoger que las penas que se impongan a los piquetes por el uso de violencia deben ser siempre menores que las que se deriven por el uso de violencia en cualquier otro ámbito, en tanto en cuanto, dicen estos grupos, el piquete está defendiendo "el ejercicio del derecho fundamental de huelga". Dicho de otro modo, que si un piquete informativo destroza a pedradas, por ejemplo, el bar de un empresario hostelero que ha decidido abrir en un día de huelga general, y una de esas piedras le abre la cabeza, ese "piquete informativo" debe tener siempre y por sistema una pena menor que la de cualquier otra persona que en otro momento destroce a pedradas el mismo bar y abra la cabeza a su dueño.