El consejero de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía, Emilio de Llera, se ha preguntado "a ver de dónde saca tiempo" la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, después de que ésta, que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, haya requerido a la Intervención General de la Junta de Andalucía los "informes adicionales" que realizó en su memoria de 2006 sobre las propuestas de acuerdo de Consejo del Gobierno para poder determinar "el paralelismo entre lo acontecido en la Agencia IDEA con lo ocurrido en otras empresas públicas".
En rueda de prensa en Sevilla para informar sobre los pagos pendientes por los servicios de justicia gratuita, De Llera ha rechazado valorar ningún tipo de decisión judicial "de ningún juez, ni tampoco de la juez de instrucción número seis de Sevilla".
"Lo que me preocupa es que toda esa documentación tendrá que leérsela, y a ver de dónde saca tiempo: es una reflexión más como profesional del Derecho que como Gobierno", ha manifestado el titular autonómico de Justicia e Interior, que ha añadido, sobre el último auto de Alaya, que "no lo he leído ni pienso leerlo".
En dicho auto, la magistrada pide a la Intervención General los informes "que se hubiesen realizado en las entidades Extenda, Egmasa, Epdasa, Giasa, RTVA y Tursama o en cualquier otra empresa pública, por afectar las irregularidades detectadas a 'resultados' o a la 'clasificación de sus activos activos y pasivos' y por supuestas deficiencias en la tramitación de los expedientes administrativos utilizados por las Consejerías para el envío de fondos aquellas, con elusión de la fiscalización previa, a fin de determinar el paralelismo entre lo acontecido en la Agencia IDEA con lo ocurrido en estas otras empresas públicas".
Alaya también requiere a la Consejería de Hacienda de la Junta que le remitan los "expedientes íntegros, tal y como fueron remitidos por la Intervención General de la Junta de Andalucía de las propuestas de acuerdo de Consejo de Gobierno relativos a los programas de control financiero permanente de las empresas públicas de la Junta relativos a los años 2005, 2006 y 2007", con sus respectivos anexos, memorias y modificaciones.
Concretamente, pide el anexo I, con los datos económicos de las empresas; el anexo II, que contiene la memoria de los trabajos de auditoría realizados en los ejercicios anteriores en ejecución de los acuerdos de gobierno precedentes; el anexo III, con la memoria de las modificaciones introducidas sobre el acuerdo de gobierno del ejercicio del año anterior.
Junto a ello, también le pide a la administración autonómica que le aporte los acuerdos del Consejo de Gobierno "definitivamente adoptados en los ejercicios 2005, 2006 y 2007 y cuantos otros particulares obren en los expedientes tales como notas 'de conclusiones de los trabajos realizados' en cada ejercicio económico".
Con estas peticiones, ante las que caben recurso de reforma y subsidiaria apelación, la jueza quiere conocer, por ser "especialmente importantes" para la instrucción del caso ERE, las "directrices anuales marcadas por el Consejo de Gobierno para el programa de fiscalización permanente para las empresas de la Junta de Andalucía, entre ellas IDEA".