Las partes acusadoras presentarán este martes al juez del caso Nóos, José Castro, los escritos donde definirán los imputados a quienes acusan, por qué delitos y qué penas piden para ellos en el futuro juicio por esta causa centrada en el desvío de fondos públicos al instituto que presidió Iñaki Urdangarin.
En concreto el fiscal Pedro Horrach solicitará más de cien años de cárcel para los acusados del caso Nóos, de los que entre 18 y 20 los reclamará para el duque de Palma, Iñaki Urdangarin, y casi 17 años para su exsocio, Diego Torres, a quienes acusa de haber urdido y liderado una compleja trama de desvío de fondos públicos a través de la cual se habrían apoderado irregularmente de hasta 5,9 millones de euros.
En concreto, sobre Urdangarin pesan delitos continuados de malversación, prevaricación, falsedad en documento oficial y falsedad en documento mercantil, estafa, fraude a la administración, dos delitos fiscales y un último de blanqueo de capitales. Los mismos que sobre Torres, si bien se enfrenta a un solo delito fiscal.
Así lo han confirmado a Europa Press, que precisan que, del mismo modo, el Ministerio Público reclama que la infanta Cristina haga frente, junto a su marido, a una fianza de responsabilidad civil de casi 600.000. También la mujer de Torres, Ana María Tejeiro, deberá responder, en su caso con el pago de alrededor de un millón de euros, de las cantidades supuestamente defraudadas por su cónyuge.
Estas son las principales peticiones que el fiscal Anticorrupción incluirá en el escrito de calificación de más de 500 páginas que presentará este martes ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, en el que dirigirá su acusación contra 14 de los 20 imputados de la causa.
La solicitud de pena para el duque y otros inculpados podría variar in extremis en caso de que, a última hora, decidan hacer frente al pago de las cantidades presuntamente malversadas en Baleares, Comunidad Valenciana y Madrid y, con ello, asuman su responsabilidad en los hechos.
Cristina, "partícipe a título lucrativo"
En lo que a la hermana del rey Felipe VI se refiere, Anticorrupción considera que no existen sobre ella indicios de haber cometido delito alguno, si bien sostiene que ésta habría obtenido un beneficio o aprovechamiento ilícito de los fondos supuestamente defraudados por Urdangarín en el seno del anterior entramado societario, y más en concreto a través de una de las mercantiles pantalla que integraban el conglomerado empresarial: Aizoon.
Y es que la Fiscalía señala que a través de Aizoon, de la que el matrimonio es copropietario al 50 por ciento y que de forma presuntamente irregular se nutrió de más de un millón de euros de la trama Nóos, Urdangarin defraudó hasta un total de 337.138 euros en las cuotas del IRPF de 2007 y 2008.
Para reclamar la caución, Horrach se amparará en el artículo 122 del Código Penal, que establece que "el que por título lucrativo hubiere participado de los efectos de un delito o falta, está obligado a la restitución de la cosa o al resarcimiento del daño hasta la cuantía de su participación", aunque no haya sido considerado responsable criminal de los hechos investigados.
No son las únicas cantidades de dinero que reclamará el fiscal Pedro Horrach, puesto que tanto Urdangarin como Torres y el resto de inculpados -excluidas Cristina de Borbón y Tejeiro- deberán hacer frente a una solicitud de unos 6,3 millones de euros en responsabilidades civiles a raíz de los fondos presuntamente defraudados en Baleares (2,6 millones de euros), Comunidad Valenciana (3,5 millones) y Madrid (114.000 euros).
Ante la alta posibilidad de que únicamente Manos Limpias formule acusación contra la infanta, el juez Castro deberá determinar si la incluye como acusada en el auto de apertura de juicio oral o estima que la acusación no puede sustentarla únicamente una acusación popular, en aplicación de la llamada "doctrina Botín", fijada por el Tribunal Supremo en una sentencia de 2007.
Castro decidirá
Los jueces de la Audiencia señalaron en su auto que "existe un matiz" que diferencia el caso de Botín del de la infanta, que es que ella está imputada como cooperadora de los delitos fiscales que cometió Urdangarin, a quien la Fiscalía y la Abogacía del Estado sí que tienen intención de acusar.
Contra la decisión de sentarla en el banquillo no cabría recurso, pero si el juez opta por no incluirla entre los acusados aún le restaría a Manos Limpias la posibilidad de apelar a la Audiencia de Palma.
La Audiencia de Palma fijó además el pasado 7 de noviembre los 20 imputados del caso Nóos, cuatro más de los que había establecido el juez Castro en el auto con el que finalizó la instrucción del caso.
Iñaki Urdangarin, imputado por cinco delitos de prevaricación, cinco de fraude, cinco de tráfico de influencias, cuatro de malversación, dos contra Hacienda, uno de falsedad, uno de estafa, uno de falsificación y otro de blanqueo de capitales; y su exsocio Diego Torres, por cinco delitos de prevaricación, fraude y tráfico de influencias; cuatro de malversación y uno contra Hacienda, de falsedad, de estafa, de falsificación y de blanqueo.
También están imputados la mujer de Torres, Ana María Tejeiro, responsable de personal del entramado de Nóos, y sus hermanos Marco Antonio (contable del instituto) y Miguel (secretario), así como el asesor fiscal Salvador Trinxet.
Hasta doce años para Matas
En el ámbito balear, entre las más elevadas peticiones de condena se encuentra también la del expresidente Jaume Matas, quien se enfrentará a una solicitud de entre 10 y 12 años de cárcel por delitos de malversación, prevaricación, falsedad y fraude. El resto de ex altos cargos de las islas -el exdirector general de Deportes, José Luis Pepote Ballester; el exgerente de la fundación pública Illesport Gonzalo Bernal; el del Instituto Balear de Turismo (Ibatur) Juan Carlos Alía y el ex asesor jurídico de éste Miquel Àngel Bonet- afrontarán peticiones que en conjunto suman unos 20 años de prisión.
En cuanto a los ex altos cargos de la Comunidad Valenciana, el Ministerio Público solicitará un total de 30 años de privación de libertad para todos ellos. Se trata del ex secretario autonómico de Eventos de la Generalitat Luis Lobón; el ex director general de Ciudad de las Artes y las Ciencias (Cacsa) Jorge Vela; la exdirectora de Gestión de esta entidad Elisa Maldonado, y el también ex director general José Manuel Aguilar.
De la trama valenciana están imputados el vicealcalde de Valencia y presidente de la Fundación Turismo Valencia Convention Bureau, Alfonso Grau; el exsecretario de Turismo de la comunidad, Luis Lobón; el exdirector de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, Jose Manuel Aguilar; el exdirector del Instituto Valenciano de Finanzas, Jorge Vela y la que fue responsable jurídica de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, Elisa Maldonado.
La ex consejera delegada de la candidatura olímpica Madrid 2016, Mercedes Coghen, está imputada por presunta prevaricación, malversación, fraude y tráfico de influencias por donar 120.000 euros a la Fundación Deporte, Cultura e Integración Social (Fdcis), heredera del Instituto Nóos.
Por lo mismo están imputados el ex director general de la Fundación Madrid 2016, Miguel Ángel de la Villa y su ex director financiero, Gerardo Corral.