El organismo de la Generalidad para conceder y retirar licencias audiovisuales y controlar y censurar los contenidos de los medios, el tristemente famoso Consejo Audiovisual de Cataluña (CAC), despliega en las últimas semanas una ingente actividad de persecución, un rebrote de la caza de brujas que comenzó con una denuncia contra Federico Jiménez Losantos, Hermann Terstch y Gabriel Albiac, entre otros, por comentar las exhibiciones de masas nacionalistas.
El consejero de Presidencia de la administración regional, Francesc Homs, ha dado órdenes tajantes de que no se pase por alto el más mínimo comentario crítico en los medios contra Artur Mas y el proceso separatista, lo que lleva de cabeza a los funcionarios del organismo y apura la imaginación de los letrados del CAC hasta extremos insospechables. Y como la Generalidad necesita dinero para seguir con sus campañas propagandísticas, en lugar de ir sólo contra los periodistas ha decidido ampliar el arco de actuación y dirigirse también contra los medios de comunicación, sean los que sean. Mas quiere multar a la Ser y a Onda Cero por no haber emitido sus anuncios del 9N y ahora eleva el tiro hasta Antena 3, a la que reclama un millón de euros por unos comentarios del exportavoz de Aznar, Miguel Ángel Rodríguez, en el programa de Susanna Griso.
Tales comentarios fueron los siguientes: "La historia del ridículo ¿no? El problema que tiene Mas es que él quiere ser víctima del… de alguien. Y como no le hacen ni caso, nadie, está desesperado. Lo que le falta es un fusilamiento y entonces estaría estupendo […]. No se puede estar más tiempo ocupando un puesto de responsabilidad, porque ha hecho el ridículo absoluto. Pero él está todavía ahí a ver si… […] alguien del gobierno se equivoca… y les manda… él quiere los caño… la Guardia Civil, él quiere ahí la Guardia Civil, que le detengan".
Por estas palabras, el CAC decidió el pasado 25 de noviembre "instar a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia a actuar contra Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación, SA, incoándole un expediente por una infracción muy grave tipificada en el artículo 57.1 de la LGCA, que comporta una sanción de hasta 1.000.000 euros". La sustancia de la denuncia se basa en la teoría de que "el pueblo catalán" sería una "minoría étnica a proteger". Ante tan insólito argumento y dada la envergadura de la empresa afectada, los consejeros del PP (Daniel Sirera), del PSC (Carmen Figueras) y de Unió (Eva Parera) presentaron un voto particular en contra.
Tal voto no sirvió de nada puesto que decidió el de calidad del presidente del organismo censor, el convergente Roger Loppacher, pero establece un precedente, puesto que en otras decisiones del CAC, el PP o el PSC se habían abstenido o votado diferente mientras que Unió jamás se había mostrado contraria a una decisión de los consejeros de CDC y ERC.
En el texto aprobado se apunta como fundamento que de las palabras de Rodríguez se infiere un "discurso del odio extensivo a la colectividad". "Cabe señalar -apunta el texto- que las expresiones del Sr. Miguel Angel Rodríguez en relación con el derecho a proteger, el derecho al honor, tienen una significación expansiva que va más allá de una afectación al círculo individual del presidente de Cataluña, quedando comprometido el bien jurídico metaindividual de una categoría heterogénea e indeterminada de ciudadanos que quedarían, eventualmente, afectados por el ejercicio de la violencia...".
En el acuerdo del CAC se citan los artículos 10 y 14 del Convenio Europeo de los Derechos Humanos, de de noviembre de 1950, relativos a la libertad de expresión y a la prohibición de la discriminación, así como la Recomendación N.R. (97) 20 del Consejo de Europa, sobre el discurso del odio, en la que se alude a dicho discurso "como el que se extiende a todas las formas de expresión que inciten, promuevan o justifiquen el odio racial, la xenofobia, el antisemitismo y otras formas de odio basadas en la intolerancia, en particular, la intolerancia expresada por el nacionalismo agresivo y el etnocentrismo, la discriminación, la hostilidad contra las minorías, los inmigrantes y las personas de origen inmigrante".
Es decir, que según los tres votos discrepantes, se quiera al "pueblo de Cataluña" con una "minoría étnica a proteger". Según Daniel Sirera, "los supuestos de discurso del odio no son de aplicación ya que las manifestaciones de Rodríguez se centran en la figura de Mas y los catalanes no somos una minoría étnica discriminada por los supuestos que definen el discurso del odio por parte de las diversas instituciones europeas mencionadas".
El CAC también arremete contra Susanna Griso. En su resolución afirma: "Analizada la actuación de la conductora del programa, puede entenderse que su pasividad en relación con los comentarios del tertuliano no resulta la más apropiada para un profesional de un medio de comunicación". Griso replicó a Rodríguez "¡pero qué bruto eres!".
La penúltima decisión polémica del CAC fue "bendecir" la tertulia matinal de TV3 en la que se tachó a los miembros de Sociedad Civil Catalana (SCC) de "quintacolumnistas", "fachas" y "tóxicos" y alegar que tales consideraciones quedaban amparadas por la libertad de expresión. Más que el argumento, sorprendió el doble rasero.