Los jueces decanos han propuesto este miércoles ampliar la prescripción y agravar las penas en los delitos de corrupción, así como tipificar nuevos delitos relacionados con esas conductas.
Se trata de algunas de las propuestas incluidas en el documento "Reflexiones para la reforma del proceso penal y la lucha contra la corrupción" presentado en Valencia por los jueces decanos de España, y enmarcado en un "contexto de indiscutible desconfianza y alarma" ciudadana sobre el funcionamiento de las instituciones.
Ante la "sospecha generalizada sobre la gestión de lo público", los decanos han planteado una batería de medidas en el ámbito judicial español para luchar contra la corrupción y abordar una "regeneración democrática necesaria" en la que no tenga cabida esta lacra social.
Además de la ampliación del plazo de prescripción, proponen agravar las penas de ciertos delitos relacionados con la corrupción, entre los que han citado el tráfico de influencias y la prevaricación. También proponen agravar las penas a conductas que "indirectamente amparen, oculten o faciliten la corrupción" -como no denunciarla- y dotar "de manera inmediata" de refuerzo a los juzgados que lo precisen, "especialmente si se trata de corrupción".
Otra de las medidas propuestas es la introducción de nuevas figuras delictivas, entre las que destacan la financiación ilegal de partidos políticos y el enriquecimiento ilícito o injustificado de cargos públicos durante su mandato.
La limitación o prohibición legal de la suspensión o sustitución de la pena en caso de delitos de corrupción, "salvo en casos muy excepcionales y siempre condicionada a la devolución de las sumas malversadas o apropiadas", es otra de las medidas apuntadas por los decanos.
Del mismo modo, sugieren la especialización de juzgados y tribunales provinciales o autonómicos para instruir y enjuiciar delitos económicos, eliminar la competencia del Tribunal del Jurado para los delitos cometidos por aforados y los relativos a la corrupción y revisar los aforamientos, porque en ocasiones "entorpecen y ralentizan los procesos".
Por otro lado, ven necesario más medios para la Fiscalía Anticorrupción y los grupos especiales dedicados a la investigación de la delincuencia económica y financiera, la creación de un cuerpo de peritos contables exclusivo al servicio de los juzgados y tribunales y "fomentar la colaboración con la Justicia de Hacienda, Banco de España, Patrimonio y la Intervención General del Estado".
En una rueda de prensa conjunta ofrecida por varios de los decanos, el titular de Valencia, Pedro Viguer, ha afirmado que la Justicia española será "lo eficiente que le permitan" los otros dos poderes -Ejecutivo y Legislativo-, de los que, "guste o no, depende", y que "deben de dotarlo" de medios.
Además de reclamar más jueces -España cuenta con 5.300 jueces en activo y nueve millones de asuntos judiciales-, el decano de los jueces de Madrid, Antonio Viejo, ha convenido en la necesidad de cambiar un sistema procesal "decimonónico" -la ley de Enjuiciamiento criminal data de 1882"- y más inversión en Justicia, ya que representa en 2014 un 1% de los presupuestos generales.
Pese a la coyuntura, los decanos han asegurado que los jueces españoles están "preparados para afrontar el reto", aunque el titular de Málaga, José María Paez, ha pedido "de una vez por todas" un "gran pacto de Estado" para determinar el modelo de Justicia español.
Preguntados por los periodistas, los decanos han reconocido que "no se puede enjuiciar diez años después causas que han tenido en vilo durante años a la sociedad", aunque están "dispuestos a dejarse la piel" para que los macroprocedimientos judiciales que han aflorado lleguen a término, porque la Justicia española "es lenta -han dicho- pero funciona".