El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha dicho hoy que no es un fiscal "proclive al Gobierno" para responder a la oposición, que le tacha de haber actuado a las órdenes del Ejecutivo en la querella por el 9N, y ha puesto como ejemplo su papel en el caso Bárcenas.
"No se me puede decir que soy un fiscal proclive al Gobierno cuando investigo a Bárcenas, solicito prisión para él o sostengo un criterio distinto a Interior en los casos del etarra Iosu Uribetxebarria Bolinaga y del expresidente de Baleares, Jaume Matas", ha señalado ante la Comisión de Justicia del Congreso, donde ha presentado la Memoria Anual de la Fiscalía General de 2013.
Torres-Dulce ha rechazado, de esta forma, presiones del Gobierno en la querella por el 9N, puesto que eso, ha dicho, sería un delito. "No he tolerado nunca que el Gobierno me diga lo que tengo que hacer", ha subrayado al recordar que en tal caso incurriría en un delito previsto en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.
Así, ha destacado que si tiene que sostener una posición contraria al Gobierno, lo hace "por muy costosa que sea". De hecho, ha señalado que él preparó el terreno "mucho antes" de que el Gobierno manifestara la conveniencia de investigar el 9N. "Más bien Justicia dijo absolutamente lo contrario", ha precisado.
Torres-Dulce ha manifestado que ha seguido "escrupulosamente" el proceso de decisión que le exige el Estatuto Fiscal y ha recordado que su investigación abarca las actuaciones que van del 4 al 9 de noviembre.
Sobre la querella, ha dicho que acatará la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, si bien ha insistido en que "los hechos se pueden valorar pero no ignorar" cuando 23 de 25 fiscales de la juntas de sala, ha remarcado, la avalan.
Con todo, ha hecho hincapié en las 71 denuncias presentadas por los particulares antes del 9N, lo que demuestra, a su juicio, que "el proceso participativo ya estaba en los tribunales" antes de la querella de la Fiscalía.
Todos los portavoces de la oposición han reprochado de una manera u otra a Torres Dulce por su actuación en relación a la querella, salvo el PP que no se ha referido sobre esta cuestión. Unos le han acusado de perdida de autonomía al someterse a la acción del Gobierno, otros por la criminalización de los catalanes e incluso críticas por el retraso en su presentación.
Rosa Aguilar, del PSOE, le ha acusado de "guardar silencio" cuando la líder del PPC, Alicia Sánchez-Camacho, anunció el pasado día 11 la presentación de la querella "usurpando la voz de la Fiscalía" y "actuando de portavoz".
CiU, por medio del diputado Jordi Jané, ha pedido a Torres-Dulce que retire la querella contra Más y otros miembros del Gobierno catalán. "Este conflicto requiere dialogo y su respuesta es una querella criminal", ha denunciado.
El diputado de ERC, Alfred Bosch, ha dicho que la querella puede ser considerada como un "acto hostil" hacia los catalanes al destacar que el 9N fue organizado por la sociedad civil y los 40.000 voluntarios. "¿Piensan querellarse contra ellos? ¿Y contra los 2,3 millones de votantes que desafiaron lo que se presentó desde el estado como un desafío?, ha preguntado.
Desde la Izquierda Plural, el diputado Joan Coscubiela ha reprochado a Torres-Dulce que se entrometa en Cataluña mediante la interposición de querellas, cuando se trata de un problema político. "Su actuación es incomprensible y alimenta el incendio", ha lamentado.
Las críticas al fiscal general también han llegado desde UPyD, cuya portavoz Rosa Díez le ha increpado por que hayan tardado tanto en actuar. "Ha actuado muy tarde, no entiendo que se tarden nueve días en decidir cuando todos sabemos que allí hubo una consulta, menos el presidente del Gobierno", ha dicho.