La juez Mercedes Alaya ha lanzado una nueva operación anticorrupción en doce provincias españolas enmarcada en la Operación Madeja, que investiga una trama de pagos ilegales en el Ayuntamiento de Sevilla y que tendría ramificaciones en otras autonomías.
Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han detenido por el momento a 32 personas en Sevilla, Córdoba, Jaén, Huelva, Cádiz, Granada, Badajoz, Madrid, Valencia, Zaragoza, Barcelona y Las Palmas (en concreto Lanzarote y Gran Canaria) presuntamente relacionadas con una trama de pagos ilegales a funcionarios de ayuntamientos a cambio de concesiones públicas a empresas. La nueva operación ha sido bautizada como Enredadera.
Entre los arrestados figura el responsable de carreteras de la Diputación de Sevilla, Carlos P.C. Agentes de la UCO se han personado este martes en la Diputación de Sevilla para arrestarlo y registrar su despacho. El funcionario se había reincorporado a su puesto de trabajo hace dos días tras un año de baja laboral por enfermedad.
La entrada en la Diputación se produce después del análisis llevado en torno a distinta documentación relacionada con contratos municipales de mantenimiento a empresas como Fitonovo y Fiverde a cambio de dádivas, según fuentes de la investigación.
En total, se han producido arrestos en siete comunidades autónomas y doce provincias. De ellas, 22 han sido detenidas en Andalucía: 10 en Sevilla, 4 en Córdoba, 3 en Jaén, 3 en Huelva, una en Granada y otra en Cádiz. Horas más tarde, la Guardia Civil liberaba a cuatro de ellos.
En cuanto a los arrestos en el resto de España, han trascendido dos detenciones en Canarias -uno de ellos, portavoz del CC en el Cabildo de Lanzarote-, y otra en Extremadura -un funcionario de carrera de la Consejería de Fomento-. El funcionario, jefe de sección de la Consejería, ha sido trasladado a los juzgados de Sevilla.
Además, los agentes han arrestado a dos personas en Zaragoza y otras tantas en Madrid, y otros dos arrestos en Badajoz y Valencia.
Por otro lado, se han producido registros en el Ayuntamiento de La Carolina, y en la Diputación de Jaén. También ha habido registros en Algeciras, según informa ABC.
La Operación Madeja
En el escudo de Sevilla aparece la histórica expresión No&do, jeroglífico simple con el significado de "No-madeja -do", "No me ha dejado" que se remonta al tiempo de Fernando III El Santo. Ese es el motivo por el que los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil llamaron Operación Madeja a una trama de corrupción que parecía centrarse en el Ayuntamiento y la Diputación de Sevilla.
Hoy la madeja se extiende más allá, con arrestos previstos en otros ayuntamientos de Andalucía, Madrid, Castilla la Mancha y Canarias, lo que supone un salto cualitativo en la investigación.
La Operación Madeja es una de las macrocausas, en este caso vinculada a la trama de Mercasevilla, que instruye la juez Alaya. En la primera fase, fue imputado y detenido el socialista Domingo Enrique Castaño, ex responsable del área de Vía Pública del Ayuntamiento de Sevilla y ex asesor del grupo socialista dirigido por el ex alcalde Alfredo Sánchez Monteseirín.
Ha estado relacionado con otros casos como el caso Unidad, con el caso de la facturas falsas del distrito Macarena y está imputado por la venta de los suelos de Mercasevilla. Fue detenido por haber recibido, presuntamente, sobornos por parte de una empresa, Fitonovo, luego investigada y sus dirigentes imputados, que lograba adjudicaciones del Ayuntamiento cuando él ocupaba cargos de responsabilidad. Junto a él, que llegó a estar en prisión, fue detenida su mujer, la abogada Ana María Vaquero.
La segunda fase, desarrollada en diciembre de 2013, implicó a un miembro del gobierno de Juan Ignacio Zoido: el director de Parques y Jardines, Joaquín Peña, que fue cesado de forma fulminante. La sospecha de las irregularidades, resumió El Mundo, se extendió más allá de los gobiernos socialistas y la juez Alaya requirió al Ayuntamiento de Sevilla el contrato de mantenimiento de arbolado y zonas verdes por sectores aprobado en agosto de 2012 por 47,8 millones de euros y en el que la empresa implicada, Fitonovo, logró la concesión de dos sectores por un importe de 10,4 millones.
La UCO también detuvo al actual dueño de Fitonovo, José Antonio González Baro, y dos funcionarios del área de Parques y Jardines: Francisco Amores, jefe de servicio; y Francisco Luis Huertas, capataz y responsable de conservación del Parque de María Luisa; así como otros imputados. Los funcionarios, al igual que Castaño, fueron acusados de recibir, presuntamente, mordidas.
Este lunes, la juez Mercedes Alaya dictó un auto en el que prorrogó nuevamente, y ya es la decimosexta vez, el secreto de sumario que pesa desde julio de 2013 sobre la operación.
La Diputación se defiende
Fuentes de la Diputación, el epicentro de esta nueva fase de la operación, han indicado que en su día se creó una comisión de investigación interna del servicio de contratación que rechazó que se hubieran cometido ilegalidades en los expedientes del servicio de carreteras.
La comisión, añaden, se creó pocos días después de conocer por los medios de comunicación la presunta implicación de un funcionario en irregularidades en la concesión de servicios públicos.