Ya lo dijo Felipe Puig en febrero de 2011, "no habrá TC que nos pare" cuando el alto tribunal se había pronunciado en contra de la Ley de Consultas que había aprobado ya la Generalidad un año antes. Pero la Generalidad está acostumbrada a desafiar a la Justicia sin que ello tenga consecuencias. Los más altos tribunales del Estado - Tribunal Constitucional y Tribunal Supremo- han sentenciando en varias ocasiones en contra de la inmersión lingüística en el sistema educativo de Cataluña e instando a la Generalidad a introducir el castellano también como lengua vehicular en esta comunidad autónoma. Pero ninguno de ellos ha sido cumplido por el Gobierno catalán. En total, más de 35 años incumpliendo sentencias judiciales.
El golpe del 9N es un ejemplo más. Un Gobierno encerrado en su despacho y una Justicia incapaz de hacer valer sus sentencias ante el movimiento separatista agitado por Artur Mas desde la presidencia de la Generalidad ha derivado en una consulta ilegal y sin garantías democráticas.
Pero el empeño en llevar la contraria a la Justicia no se circunscribe únicamente al plano institucional. La corrupción parece enquistada en cada estamento del movimiento nacionalista catalán y su máximo exponente no ha tenido empacho en pasearse hasta un colegio electoral este domingo para depositar la papeleta del sí a la independencia, el antaño molt honorable Jordi Pujol y su esposa Marta Ferrusola.
Lo hacían en el Instituto Montserrat de Barcelona, con la única incidencia de un ciudadano que les ha increpado gritando "¡Vergüenza! ¡Vergüenza!". Pujol le replicaba apelando al respeto hacia su figura. El joven indignado con Pujol, al menos se libró de que el patriarca de la familia más poderosa de Cataluña le abroncara en público como hizo con los diputados en el Parlamento Catalán. Los cabezas de familia aguardaban la cola de su instituto durante unos 30 minutos acompañados por una de sus nietas sin querer hacer declaraciones a los periodistas.
La aparición de Pujol en pleno acto de desobediencia por parte del Gobierno catalán es paradigmático. Desde el bloque rupturista han repetido hasta la extenuación que lo de este domingo es una "fiesta de la democracia", pero dadas las circunstancias y sus protagonistas casi podría definirse como la fiesta de la "cleptocracia".
Quien más se ajusta a esa definición es Jordi Pujol y familia, a quien la Policía ha acreditado haber movido fuera de España al menos 580 millones de euros. Unos fondos que han pasado por bancos de lugares tan señalados como Andorra, Suiza, Luxemburgo, Islas Guernsey y Jersey.
Los hijos de la molt honorable pareja no se quedaron atrás. Jordi, Oleguer o Josep aparecen en numerosos informes de la Udef, que ha registrado sus cuentas y mantienen bajo investigación por pagos y cobros de dudosa legalidad. Los informes policiales registran pagos en el extranjero por importes cienmillonarios y sobre la familia pesa la sospecha de manejar miles de millones de euros fuera de nuestras fronteras a través de testaferros. Para muestra, un botón: los 2.500 millones empleados por el benjamín Oleguer en la compra de miles de sucursales bancarias.
Unas costumbres, informes y sospechas que, unido al desafío separatista, convierten la irrupción de Pujol en el "proceso participativo" en la imagen de la cleptocracia nacionalista en Cataluña.