Pese a que fue el propio Artur Mas quien señaló en una comparecencia pública que la Generalidad pondría a disposición de la consulta tantos centros y locales como fueran necesarios para su golpe del 9N, la Fiscalía Superior de Cataluña pide ahora al departamento de Educación que le informe si la Generalidad ha ordenado la puesta a disposición de centros educativos para realizar la consulta.
Además, y pese a que la Generalidad abrió una página web excluisvamente para que los ciudadanos pudieran consultar en qué centro podían votar el 9N, ha dirigido un oficio urgente al director general de los Mossos d'Esquadra para saber la relación de locales en los que se celebrará el proceso participativo y qué personas son las encargadas de su apertura.
En las diligencias de investigación que ha incoado, a instancias de la Fiscalía General del Estado, remite además un oficio a la empresa Unipost S.A para que le envíe la hoja de encargo, contrato y los documentos que obren en su poder relacionados con la distribución o el buzoneo de la propaganda del proceso participativo. El pasado jueves, en la tertulia de Es la Mañana de Federico, el periodista de LD Pablo Planas mostró la propaganda electoral, con sello de la Generalidad, que le llegó a casa para informarle de cómo podría votar el 9N.
Además de pedir el presupuesto, la factura pro forma o definitiva, quiere saber qué persona o entidad ha suministrado a la compañía el listado de destinatarios o el mecanismo por el que se obtuvo dicho listado.
En relación con el oficio remitido al Departamento de Educación de la Generalidad, el Ministerio Público pregunta si se han convocado reuniones con responsables de centros públicos en los que se solicita la puesta a disposición de sus instalaciones para realizar la consulta y si existen órdenes o instrucciones por parte de la Generalitat para utilizarlas.
La Fiscalía Superior ha remitido con carácter urgente un oficio al Director General de la Policía-Mossos d'Esquadra para saber la relación de locales o edificios de titularidad pública, como institutos, dependencias municipales u otros organismos, en los que esté previsto el desarrollo del proceso participativo. En este sentido, pide identificar a los responsables de las dependencias que hayan autorizado el acceso a los delegados de las entidades convocantes del 9N.
Así lo ha solicitado después de haber abierto, a instancias de la Fiscalía General del Estado, diligencias de investigación por si la cesión de locales municipales, centros educativos u otras instalaciones bajo la dependencia de la Generalidad de Cataluña es constitutiva de un ilícito penal después de que el Tribunal Constitucional haya suspendido la votación de mañana.
Esta actuación será valorada ahora por la Justicia que podría ordenar intervenir a los Mossos d'Esquadra para precintar los locales públicos y que no se utilicen para la votación. El consejero de Interior Ramón Espadaler ya aseguró que la Policía Autonómica estaría "al lado de la ley".
Denuncias contra los preparativos
El Ministerio Público ha adoptado esta medida después de conocer varias denuncias de particulares en juzgados de guardia de Cataluña que advertían sobre supuestos preparativos que se estarían llevando a cabo en esos locales y ante la posibilidad de que constituyan actos contrarios a la suspensión acordada por el Tribunal Constitucional.
El artículo 410 del Código Penal tipifica el delito de desobediencia a una resolución judicial y destaca que se necesita una negativa "abierta" por parte de la autoridad o funcionario público a dar el debido cumplimiento de la decisión judicial; en este caso, se requiere un incumplimiento flagrante y directo, según fuentes jurídicas.
El Tribunal Constitucional suspendió el proceso participativo, un trámite automático al admitir el recurso del Gobierno central en virtud del artículo 161.2 de la Constitución. Y aunque no detalla un catálogo sobre conductas prohibidas ni ha entrado todavía en el fondo del asunto, sí se ha dirigido a la Generalitat para que se abstenga de cometer cualquier acto de desarrollo de la votación.
Aunque no ha incluido una advertencia expresa sobre la obligación de cumplir con sus resoluciones como pedía la Abogacía del Estado en referencia al artículo 87.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, el tribunal de garantías ha ordenado comunicar su providencia a la Generalidad y publicarla en el Boletín Oficial del Estado y el Diario Oficial de Cataluña.
La Abogacía del Estado también analiza que la Generalidad ni ninguna administración pública incumpla la directriz del tribunal de garantías. "Si la Generalitat no promueve actuaciones en el desarrollo de una consulta no autorizada, no parece que sea necesario requerir al Tribunal Constitucional ni a los jueces y tribunales porque no hay infracción del ordenamiento jurídico", afirmó el ministro de Justicia, Rafael Catalá, para asegurar que nadie impedirá el ejercicio de la libertad de expresión.