Sociedad Civil Catalana (SCC) ha denunciado este jueves ante la Fiscalía Superior de Justicia de Cataluña el uso "ilegítimo" de los datos de los catalanes para la consulta del 9N, lo que en opinión de esta plataforma podría ser constitutivo de un delito de revelación de secretos.
En su escrito de denuncia ante la Fiscalía, la plataforma subraya que la Generalidad está enviando a los domicilios "propaganda" personalizada, con nombres y apellidos, en la que anima a la participación en la consulta alternativa del 9 de noviembre para pronunciarse "sobre el futuro político" de Cataluña.
En estas misivas, dice el escrito, se comunica a los catalanes que han recibido esta "propaganda" del 9N que los datos para el envío se han extraído del fichero de Registro de Población de Cataluña, titularidad del Instituto de Estadística de Cataluña (Idescat), que tiene "únicamente" fines estadísticos.
Según Sociedad Civil Catalana, la utilización de los datos del Registro de Población de Cataluña para objetivos ajenos a los estadísticos, sin el "consentimiento" de los propios interesados, podría suponer una "vulneración" del artículo 21 de la Ley Orgánica de Protección de Datos.
La Plataforma antiseparatista entiende, por ello, que se puede estar cometiendo un delito de revelación de secretos, previsto en el Código Penal, y que puede comportar en función del grado de implicación multas, inhabilitación e incluso penas de prisión.
En el programa En Casa de Herrero de esRadio el vocal de la Junta de Sociedad Civil Catalana, Rafael Arenas, ha recordado que a día de hoy la Generalidad de Cataluña mantiene la web informativa sobre el referéndum ilegal del 9-N e incluso los vídeos de propaganda institucional se pasan en el cine antes de las películas.
Sobre la posición de la Fiscalía ha señalado que "no hay que hacer ninguna gran labor de indagación para ver que se está desobedeciendo la providencia del Tribunal Constitucional" cuan "incluso se hace alarde de eso" desde la Generalidad. "Hay una autoridad pública desobedeciendo claramente la orden del TC" y además, "sigue dando órdenes a funcionarios que les provocan conflictos".
Rafael Arenas ha señalado que "dentro del largo etcétera de irregularidades, ilegalidades y presuntos delitos uno de los temas es la utilización de los datos de los catalanes en todo este proceso".
En la propaganda que se está enviando a los domicilios de los catalanes se indica que los datos proceden del Inescat que "es un órgano de la Generalidad cuyos datos sólo se pueden utilizar con efectos estadísticos". Ese es el motivo por el cual "vulneran la normativa sobre protección de datos" porque "utilizarlos para crear una base de datos paralela o para dirigirse a los ciudadanos en una campaña institucional es gravísimo".