El día en el que Jordi Pujol i Soley se estrena como pensionista con catorce pagas de 2.550 euros, lo máximo previsto por la Seguridad Social, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha asestado el golpe más duro de cuantos ha recibido desde su confesión, el pasado 25 de julio, el ex presidente de la Generalidad y flamante jubilado. El menor de sus hijos, Oleguer Pujol Ferrusola, era detenido mientras duraba el registro de sus domicilios y oficinas. Se trataba de evitar que pudiera destruir pruebas y realizar llamadas de aviso. Perros entrenados en la detección de dinero recorrían la casa de Oleguer en Barcelona. Los agentes sospechaban que podría haber una gran suma enterrada en el jardín.
Nunca un miembro del clan Pujol había sido sometido a tal humillación. Prenafeta y Alavedra, los grandes socios, amigos y colaboradores de Pujol i Soley sí que fueron detenidos y hasta encarcelados durante poco más de mes y medio por orden el entonces magistrado Baltasar Garzón. También Félix Millet, el del caso Palau, pero en su caso la prisión provisional duró trece días.
Hasta ahora, el equipo jurídico liderado por Cristóbal Martell había conseguido que las molestias judiciales a los Pujol Ferrusola fueran las mínimas. El pasado 15 de septiembre, Jordi Pujol Ferrusola, conseguía salir sin medidas cautelares de un largo interrogatorio del juez Pablo Ruz, también en la Audiencia Nacional. El 26 de ese mismo mes, el patriarca del catalanismo comparecía a petición propia en el parlamento regional, en la sesión de la gran bronca.
Entre líneas judiciales, policiales y políticas, la situación de los Pujol era y es cada vez más insostenible. El padre cerraba el despacho oficial de "expresdident" en el paseo de Gracia, se veía obligado a renunciar a la generosa paga de más de 80.000 euros de la Generalidad y a clausurar el "Centro d'Estudis Jordi Pujol", sostenido por "patrocinios" públicos y privados. Ahora su despacho está en los bajos del edificio donde Pujol y su esposa Marta Ferrusola poseen las dos viviendas en las que viven. Es un trastero ampliado en el que se dedica a escribir durante la mayor parte de día mientras fuera, en un pasillo, un mosso d'esquadra hace guardia sentado en una silla.
Mientras, los expedientes relativos a los diferentes miembros de la familia engordan en las oficinas de la Agencia Tributaria, en las dependencias de la Udef y en las de dos juzgados de la Audiencia Nacional, uno de Barcelona, otro en Andorra y otro más en Lietchenstein, uno de cuyos jueces ha pedido a España información sobre el patriarca. Y si el miércoles era Ruz quien determinaba la imputación de once personas vinculadas a Jordi Pujol Ferrusola, el primogénito (ex suegros, amigos, socios y miembros de la familia Sumarroca, íntimos de los Pujol), Pedraz irrumpía en el oasis con perros policía y el fiscal anticorrupción de Barcelona Fernando Bermejo y ponía al menor del clan en la picota judicial y mediática. Demasiado incluso para Martell, el abogado de Messi y de los Núñez, que se presentaba al poco de comenzar el registro en el domicilio de Oleguer para asistir al detenido. Intentó frenar la operación por un defecto de forma pero no hubo manera, por lo que aconsejó a Pujol Ferrusola cooperar. También resultaba detenido en el marco de esta actuación Luis Iglesias Rodríguez Viña, socio de Oleguer Pujol en sus negocios inmobiliarios.
En el entorno de los Pujol se presumía que la declaración de Jordi Pujol Ferrusola ante Ruz había conseguido sembrar aún más dudas en el magistrado sobre la solvencia de la principal denunciante, Victoria Álvarez, su ex novia. Sólo la prepotencia de la que han hecho gala los Pujol siempre puede explicar que "Junior" moviera 2,4 millones de euros de Andorra a México el 4 de agosto, cuando ya estaba imputado, y en septiembre declarara a Ruz que no tenía cuentas en el extranjero. El dato ha sido tachado de "especialmente significativo" por parte del magistrado, tan significativo como el acelerón judicial impreso al caso, uno más de los que afectan a los Pujol, embarcados en el "aclarado" de la fortuna. Los padres y tres hijos, Jordi, Oriol (el ex futuro presidente de la Generalidad) y Oleguer, afrontan carpetas judiciales de envergadura y carecen del blindaje político de antaño.
Jordi Pujol creyó que con su confesión quedaba todo aclarado, que la justicia podría darse por satisfecha y que una vez cobrada su cabeza política se acabarían los problemas de sus hijos. Y no han hecho más que empezar.