La Fiscalía Anticorrupción presentará la próxima semana una querella en la Audiencia Nacional contra el hijo menor de Jordi Pujol i Soley, Oleguer Pujol por la compra de 1.152 oficinas del Banco Santander por valor de más de 2.000 millones de euros en el año 2007 y también por la adquisición de inmuebles históricos del grupo Prisa, según han informado fuentes fiscales a Libertad Digital.
Hasta ahora, el juez decano de la Audiencia Santiago Pedraz ha accedido a investigar a Oleguer Pujol -tras admitir parcialmente a trámite la querella de Podemos y la asociación Guayem- por la compra de un hotel en Canarias por valor de 8 millones de euros que se habrían abonado con fondos procedentes de las Islas Vírgenes, territorio calificado de paraíso fiscal por la OCDE.
Además, Pedraz se centrará de momento en el papel desarrollado por Oleguer Pujol en sociedades participadas por mercantiles domiciliadas en Luxemburgo y Holanda en las que el imputado figuraba como administrador, a través de la mercantil Drago Mediterranean Holding Cooperatief UA.
La mercantil Drago es la sociedad clave en estas pesquisas. Aunque la empresa tenía varios socios, Oleguer Pujol fue su administrador hasta el año 2013. Según las fuentes consultadas, Anticorrupción sospecha que la sociedad obtenía el dinero a través de fondos de inversión, cuyo origen se desconoce. Por esta razón, la Fiscalía quiere averiguar cuáles son los auténticos fondos de capital del conglomerado empresarial Drago.
El departamento que dirige Antonio Salinas lleva meses investigando codo con codo con la Udef (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal) -concretamente con el grupo 22-BLA- a Oleguer y su objetivo ahora es que se amplíe en la Audiencia Nacional el procedimiento abierto contra el séptimo hijo del matrimonio Pujol Ferrusola al considerar que hay más material que podría acreditar el proceder delictivo de Oleguer Pujol.
La Fiscalía entiende que el séptimo hijo del expresidente de la Generalidad pudo cometer un delito de blanqueo de capitales y otro contra la Hacienda Pública. En concreto, el Ministerio Fiscal quiere saber si la operación del Banco Santander estuvo avalada por alguna sociedad cuyo capital procediera de paraísos fiscales.
Anticorrupción sospecha que Oleguer creó empresas en paraísos fiscales, seis de ellas en las Islas del Canal y otras en las Antillas Holandesas, para esta operación. La adquisición de oficinas del Santander y posterior alquiler de los locales al mismo banco la realizó Drago gracias a un crédito que le concedió la propia entidad bancaria.
Por esta razón, Anticorrupción presentará en la Audiencia Nacional una nueva querella en las dos próximas semanas que espera que "por conexidad" de los delitos y al ir dirigida contra el mismo imputado la instruya Pedraz junto con la de Podemos y Guayem.