El partido Unión, Progreso y Democracia ha presentado este miércoles una querella ante el Tribunal Supremo contra el presidente de la Generalidad de Cataluña, Artur Mas, la presidenta del Parlamento catalán, Núria de Gispert, y cuatro miembros de la Mesa de esta cámara por los actos de convocatoria de la consulta separatista del 9-N y por el incumplimiento de la suspensión decretada por el Tribunal Constitucional.
El objetivo de esta querella, según ha explicado el abogado de la formación Andrés Herzog, es "defender a los catalanes" de dirigentes como Artur Mas que está "enloquecidos".
"Hemos presentado la querella en defensa de los derechos de los catalanes y, por extensión, de todos los españoles, frente a sus dirigentes enloquecidos, que se han apropiado de las instituciones y han acabado con la democracia", explicó el letrado a las puertas del Alto Tribunal.
En el texto de la querella se señala que el Gobierno catalán está llevando a cabo su hoja de ruta saltándose la ley. Los querellados "eran perfectamente conscientes de que carecían manifiestamente de competencias para hacer lo que luego hicieron" usurpando de esta manera atribuciones de las Cortes Generales y fraccionando la soberanía nacional al convocar la consulta del 9-N.
"Nos encontramos ante una palpable actitud proactiva tanto del Presidente de Cataluña como de la mesa del Parlamento de Cataluña para realizare actos que contradicen abiertamente la suspensión decretada por el Tribunal Constitucional", subraya la querella.
La acción más clara de desobediencia al TC sería -según los querellantes- "el nombramiento de la comisión de control de las consultas populares no refrendarias y el nombramiento de los miembros de las comisiones de seguimiento de la consulta popular no refrendaria sobre el futuro político de Cataluña".
Comisión de varios delitos
En el texto también se denuncia que la Generalidad ha destinado importantes fondos públicos para gastos en informática, papeletas, sobres, urnas cabinas y también han publicitado la consulta con gastos destinados a empresas de Cataluña y del resto de España. Igualmente se han invadido, a su juicio, competencias de la Junta Electoral Central.
UPyD acusa a Mas, Gispert y otros cuatro miembros de la mesa del Parlament de cometer los delitos de prevaricación, desobediencia, usurpación, malversación y delitos electorales.
Aunque Mas está aforado ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña -donde el sindicato Manos Limpias se ha querellado ya contra él por similares delitos- la formación de Rosa Díez sostiene que acude al Tribunal Supremo "porque los presuntos hechos delictivos ante los que nos encontramos tienen efectos en todo el Estado por lo que no puede concebirse que no sea el máximo órgano jurisdiccional del Estado el que conozca de los graves hechos denunciados".