Cuando Mariano Rajoy regrese de China -su vuelta a Madrid está prevista el sábado por la tarde-, Artur Mas ya habrá cruzado la línea roja. Esto es, habrá publicado en el Diario Oficial de la Generalidad (DOGC) tanto la ley de consultas como la convocatoria del referéndum. Pero el presidente insiste en ofrecer una imagen de "total tranquilidad", según sus propias palabras. "No me planteo que Mas viole la ley", dijo en una charla informal con periodistas en Pekín. "Se ha metido solo en el lío, pensaba que íbamos a recular", añadió horas después desde la muralla china.
En su viaje oficial al gigante asiático, el jefe del Ejecutivo trató de evadirse: ni Cataluña, ni tampoco Gallardón o los malos augurios económicos que llegan desde Bruselas. Rajoy se centró en vender la recuperación y en intentar atraer inversiones. "Todo está calculado: estamos a la espera, en cuanto Mas mueva ficha, actuaremos con diligencia y sin demora", se repetía mientras tanto desde la Moncloa, dónde siempre se han mantenido "en guardia" por si Mas daba el paso y había que activar el protocolo de actuación ya diseñado.
Con Rajoy aún fuera de España, la maquinaria del Estado se pondrá en funcionamiento. El mismo sábado, el Ejecutivo elevará una consulta al Consejo de Estado, que se reunirá de urgencia y presentará un informe. Cabe destacar que este órgano lo dirige José Manuel Romay Beccaría, de la total confianza de Rajoy -hasta el punto de que le hizo tesorero del PP una vez estalló el caso Bárcenas-.
Romay Beccaría ya tiene el documento prácticamente listo por lo que el trámite no debería de durar más de un día. Una vez esté redactado, se remitirá al departamento de Hacienda y Administraciones Públicas, cuyo titular será el encargado de llevarlo a la mesa del Consejo de Ministros. Será entonces cuando se convoque el gabinete de forma extraordinaria: aunque podría reunirse el domingo, Rajoy avanzó que citará al gabinete el lunes. "A lo mejor no hay que ir tan deprisa", afirmó.
En el Consejo de Ministros se cumplirán con los formalismos. Es decir, los distintos miembros del gabinete darán su opinión sobre la amenaza planteada por Mas. Tras ello, se encomendará a la Abogacía del Estado que redacte el recurso de inconstitucionalidad que se presentará ante el Tribunal Constitucional solicitando la impugnación de ambas iniciativas.
Dos proverbios Chinos
"Lo que no puede hacer nadie es incumplir la ley y pretender liquidar la soberanía de un país, porque es no es posible ni ahora ni nunca", resumió el presidente, que llevaba apuntados dos proverbios chinos para el momento: "la puerta mejor cerrada es aquella que puede dejarse abierta" y "es mejor volverse atrás que perderse en el camino".
El presidente opina que Mas no se atreverá a incumplir la ley, y de ahí que su entorno reitere que "aunque previstos" no se plantean otros escenarios, como la suspensión de la autonomía. Lo que no se descarta es enviar a los empleados públicos de Cataluña, incluida la policía autonómica, una comunicación en la que se avisará de las consecuencias de participar en una consulta ilegal a juicio del Alto Tribunal y el Ejecutivo.
Al término del Consejo de Ministros de este viernes, la vicepresidenta quiso aclarar que, una vez el TC acepte el recurso, "el decreto queda suspendido y ya no se puede continuar con la convocatoria". En otras palabras, Sáenz de Santamaría espera que la próxima semana -una vez se reúna el Alto Tribunal- todo quede resuelto. A partir de entonces, el Gobierno sugiere que será el momento de volver a tender puentes con la Generalidad y continuar con un diálogo que no se ha roto de forma total en ningún momento.
Lo que hará el Constitucional
Según fuentes del tribunal de garantías, en principio el Constitucional no tiene previsto celebrar plenos ordinarios la próxima semana. Sin embargo, cabe la posibilidad de que el recurso de la Abogacía se admita a trámite en una sesión extraordinaria convocada por su presidente Francisco Pérez de los Cobos. En dicho pleno probablemente se suspendería la consulta de Mas de forma cautelar.
Sólo si la Generalidad desoye entonces la decisión que adopte el tribunal de garantías entraría en acción la Fiscalía. El Ministerio Público podría presentar una querella contra Mas ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, donde está aforado, previsiblemente por delitos de desobediencia o sedición.
No obstante, tal y como hicieron saber el fiscal general del Estado Eduardo Torres Dulce y la cúpula de la Fiscalía catalana, el Ministerio Fiscal está convencido de que se cumplirá la legalidad ya que el ordenamiento legal será respetado por "todas las instancias", tanto en los preceptos legales emanados de la Constitución como los eventuales pronunciamientos de los tribunales.