La Audiencia Nacional ha recibido este lunes un auto de la juez de Andorra donde acepta pedir a la Banca Privada de aquel país los datos sobre las cuentas bancarias del primogénito de los Pujol, Jordi Pujol Ferrusola y su ex mujer Mercedes Girones que fueron solicitados por el juez Pablo Ruz. El magistrado les imputa a ambos un delito de blanqueo de capitales y otro contra la Hacienda Pública.
De esta forma, el principado pirenaico pone en marcha una investigación judicial sobre el hijo del expresidente de la Generalidad y da un plazo de 30 días a la Banca Privada de Andorra para que le envíe dichos documentos al Juzgado Central de Instrucción Número 5 de la Audiencia.
El pasado 29 de julio, Ruz cursó una Comisión Rogatoria a Andorra para recabar "toda la documentación o información que estuviera a disposición de la Banca Privada de Andorra de productos bancarios y/o fondos de los que se hayan visto beneficiados" los dos imputados y las cinco mercantiles de las que son propietarios.
En concreto, el instructor pidió la información de titulares, apoderados y beneficiarios últimos, préstamos e hipotecas, cajas de seguridad, certificados de depósitos, bonos del tesoro, tarjetas de crédito y de débito, cheques bancarios, correspondencia y extractos de movimientos y soportes documentales relacionados con el ex matrimonio.
En un auto dictada el pasado 28 de agosto, la justicia andorrana da el visto bueno a esta petición de Ruz a la par que lanza una clara advertencia a la Audiencia Nacional: esos datos que se enviarán vía Comisión Rogatoria a España sólo podrán ser usados por nuestra justicia si se investiga a Pujol Ferrusola por un delito de blanqueo de capitales que esté vinculado a otros delitos de corrupción como, por ejemplo, el cohecho o tráfico de influencias.
Límites de la legislación andorrana
Es decir, los datos bancarios que Andorra proporcione sobre la expareja imputada no podrán ser usados por la Audiencia para investigar al hijo del expresidente de la Generalitat por un delito fiscal en sí mismo o por un delito fiscal derivado de un simple delito de blanqueo. La razón es que la legislación andorrana así lo establece y la magistrada del Principado se ha apresurado a recordárselo a Pablo Ruz.
El próximo día 15 de septiembre, el juez ha citado a declarar en calidad de imputados en su juzgado a Pujol Ferrusola y Gironés. Desde enero de 2013 el instructor investiga el movimiento de divisas efectuado por los imputados durante ocho años (2004-2012) en trece países y que supera los 32 millones de euros.
La familia del expresidente de la Generalidad presentó el pasado mes de agosto en los juzgados de Andorra una querella por vulneración del secreto bancario, sin autor conocido, al consideran que se han filtrado datos confidenciales sobre sus cuentas.