En una entrevista publicada este jueves en El País, el Fiscal General del Estado ha afirmado que "no todos tienen interés en que la justicia sea rápida y eficaz". Eduardo Torres-Dulce también ha explicado que en materia de corrupción "si toleramos el fraude a pequeña escala, debemos prepararnos para sufrir la corrupción a gran escala".
El Fiscal General del Estado ha explicado que no considera determinante que la financiación ilegal siga sin estar tipificada como delito: "Que no exista un delito específico de financiación ilegal de partidos no quiere decir que en este aspecto el ordenamiento jurídico sea inoperante. Disponemos de una Ley de Financiación de Partidos políticos que establece un régimen sancionador específico a cargo del Tribunal de Cuentas. Por otra parte, los actos preordenados a la consecución de fondos públicos o privados al margen de la ley tienen, en muchas ocasiones, relevancia penal por sí mismos bajo figuras como la falsedad documental, el fraude fiscal o de subvenciones, la malversación de caudales, el cohecho y otras más cuya cita excuso. No se puede afirmar por ello que la financiación ilegal sea una actividad exenta de responsabilidad penal".
Torres Dulce también ha criticado la demora en los procesos judiciales: "Una justicia tardía no satisface a nadie. Eso no lo dice el fiscal general del Estado, lo dice todo el mundo. Aunque no todos tengan auténtico interés en que la justicia sea rápida y eficaz" ha explicado.
También ha tenido palabras para la corrupción: "No admite grados: si toleramos la infracción y el fraude a pequeña escala, debemos prepararnos para sufrir la corrupción a gran escala. Los principios éticos no resisten componendas. La ejemplaridad debe ser contemplada desde la exigencia de la igualdad".
Preguntado por si la actual legislación permite perseguir convenientemente el delito de blanqueo de capitales, el Fiscal General del Estado ha explicado que "la regulación del delito de blanqueo de capitales es suficientemente eficaz y solvente para abordar este fenómeno criminal, sobre todo a partir de la reforma verificada por la ley orgánica de 22 de junio de 2010, que amplió su ámbito de aplicación de acuerdo con los compromisos internacionales asumidos por nuestro país. En muchas ocasiones, los problemas de la justicia penal no son consecuencia de deficiencias legislativas, sino de organización y gestión de la Administración de justicia y de las dificultades para conseguir la información y pruebas de conductas de por sí complejas. La ley no basta si el procedimiento no dispone de los medios necesarios para gestionar su aplicación".