El Consejo de Garantías Estatutarias (CGE) ha avalado, aunque con cuatro votos en contra entre sus nueve miembros, la constitucionalidad de todo el texto de la nueva ley de consultas que el Parlamento catalán prevé aprobar en septiembre.
Pese a este aprobado por los pelos, el consejero de la Presidencia y portavoz del Gobierno catalán, Francesc Homs, ha asegurado hoy que el dictamen del Consejo de Garantías Estatutarias avala de "manera contundente y sólida" que la ley catalana de consultas es "plenamente constitucional" y da "sólidos argumentos" para convocar la consulta. "La consulta se convocará porque los argumentos jurídicos avalan que se pueda votar de manera legal", ha aseverado, y ha pedido al Gobierno que "no ponga trabas".
En sus conclusiones, el CGE considera que no se vulnera la Constitución ni el Estatuto, y ha habido cuatro votos particulares a este dictamen: los emitidos por los consejeros propuestos por PSC, ICV y PP (Pere Jover, Eliseo Aja, Marc Carrillo y Carles Jaume Fernández), según el texto recogido por Europa Press.
El dictamen llega después de que los partidos proconsulta -CiU, ERC, ICV-EUiA, CUP- llevaran al texto al Consejo en julio para que se pronunciara sobre cinco artículos, pese a estar convencidos de la constitucionalidad de la norma, y también lo solicitaron PP y PSC.
Los cuatro partidos proconsulta se comprometieron a acudir al Consejo de Garantías, ya que argumentaron que así se desvanecerían las dudas de quienes cuestionan que sea constitucional.
El presidente del CGE, Joan Egea, y dos vocales, Àlex Bas y Francesc de Paula Caminal, fueron elegidos a propuesta de CiU, mientras que ERC propuso a Jaume Vernet y Joan Ridao, PSC a Pere Jover y Eliseo Aja, ICV-EUiA a Marc Carrillo y PP a Carles Jaume Fernández.
Tras pasar por el Consejo de Garantías, la ley se someterá ahora a su aprobación definitiva en el pleno del Parlament del próximo mes de septiembre y, de acordarse, servirá como marco legal al Gobierno catalán para convocar el referendo soberanista del próximo 9 de noviembre. Es la primera vez que una ley se somete al Consejo de Garantías antes de ser aprobada en el Parlamento.