El escándalo de las cuentas en el extranjero de la familia Pujol-Ferrusola ha causado verdadera conmoción y alarma en Convergència, cuyos principales líderes temen las salpicaduras que puedan derivarse de la estrategia jurídica del ex president y de las evidentes conexiones entre el aumento del patrimonio de sus hijos y la actividad adminsitrativa de la Generalidad en la que muchos de ellos fueron consejeros y altos cargos. La "confesión" de Pujol ha supuesto un duro golpe para su partido, en las horas más bajas desde que comenzara el proceso independentista.
Sin embargo, las grietas provocadas por Pujol y el distanciamiento táctico de ERC, que pide la comparecencia del ex honorable en el parlamento autonómico, no han afectado en absoluto la hojarruta separatista. ¿Que Pujol ha admitido tener dinero en Andorra oculto al fisco durante más de tres décadas? La respuesta que se prepara es una nueva movilización "histórica" para la Diada. En CiU se abraza ahora la tesis de que el afloramiento de la fortuna Pujol-Ferrusola es otro ataque de España contra Cataluña cuando se está a punto de culminar el calendario de la ruptura, lo que responde a la línea jurídica del ex president y remite a las movilizaciones de cuando estalló el caso Banca Catalana, a principios de los años ochenta. En aquella ocasión, Pujol asentó las bases de su poder al relacionar la investigación judicial por el agujero del banco con una agresión a la figura del "presidente de Cataluña". Miles de personas salieron a la calle y la causa acabó con un cierre en falso y Pujol libre de toda carga.
Dado el éxito del precedente, en Convergència se ha pasado de exigir cuentas al fundador del partido a compartir con la defensa de los Pujol-Ferrusola la necesidad de convertir el caso en una cuestión política. De ahí la sucesión de proclamas de los últimos días para pedir una asistencia masiva a la manifestación del 11-S. De un lado, un éxito de movilización incuestionable permitiría a Mas negociar con Rajoy desde una posición de fuerza. De otro, cuajaría la teoría de que las vicisitudes y penalidades de Pujol y familia son un ataque a Cataluña, lo que facilitaría al partido correr un tupido velo.
En cuanto a ERC, todo cuanto ocurre en relación al proceso y a la política catalana le favorece. Sus llamamientos a la participación en el 11-S pretenden demostrar que el proceso separatista es un ejemplo de nueva política, de base popular y que los políticos ni tan sólo pueden canalizar. ERC considera que Mas no se atreverá a dar el paso de convocar una consulta en contra del previsible criterio del Tribunal Constitucional, por lo que el 11-S es para sus dirigentes un peldaño más en el asalto a la Generalidad y un refuerzo de su tesis de desbordar y desobeceder al Estado.
Para la ANC, por su parte, el caso Pujol se ha convertido en un acicate para instar a la participación, tras semanas de inquietud por el escaso número de personas interesadas en participar en la próxima Diada. Los actos preparatorios están siendo un fracaso, pero la implicación de los dos principales partidos del bloque separatista ha animado las inscripciones. La ANC presenta cada vez más corrientes internas, sectores críticos y sectoriales abiertamente opuestas a Carme Forcadell, cuya respuesta ante el escándalo Pujol ha sido que es necesaria la independencia para evitar "fraudes" como el de Pujol, cometido con el "consentimiento de los poderes del Estado". En lo que sí están de acuerdo las bases de la ANC con su presidenta es en que "tarde o temprano habrá que romper con la legalidad española".
La próxima Diada no será tan numerosa como la del año pasado (Sociedad Civil Catalana calculó ochocientas mil personas en aquel 11-S frente al millón y medio que se dio por oficial) pero sí permitirá a sus promotores insistir en el factor "calle" para justificar sus amenazas de ruptura y sus peticiones de "negociación" para que el Estado avale el referéndum separatista.
La ANC no es precisamente una organización rigurosa con las cifras, pero contará con todo el tejido clientelar creado en los años de mandato de Jordi Pujol así como con las estructuras de CiU y ERC y la logística de la Generalidad y el Ayuntamiento, cuyos dirigentes quieren revitalizar el proceso separatista y pasar página del escándalo Pujol. Aún así, el patriarca del catalanismo debería comparecer en el parlamento autonómico el día 2, si quiere. La cita que es obligatoria es la que tiene Jordi Pujol Ferrusola ante el juez Ruz cuatro días después de la Diada, el 15 de septiembre.