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La causa contra Chaves y Griñán podría terminar en manos de Conde-Pumpido

En septiembre se elige al presidente de la sala del Supremo que estudiará, entre otros, el caso de los ERE. Entre los candidatos está Conde-Pumpido.

En septiembre se elige al presidente de la sala del Supremo que estudiará, entre otros, el caso de los ERE. Entre los candidatos está Conde-Pumpido.

Después de que la juez Alaya haya remitido al Supremo su escrito, de más de 300 folios, con los indicios contra los aforados del caso de los ERE, la decisión queda en manos de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que previsiblemente en septiembre comenzará a evaluar el sumario.

Entre las decisiones que tendrá que adoptar está en la de estipular si hay indicios de delito o no contra Griñán, Chaves, y el resto de aforados, y si se queda con todo el procedimiento o únicamente con la parte referida a estas personas.

Precisamente está previsto que en septiembre se nombre un nuevo presidente de la Sala de lo Penal. El actual, Juan Saavedra, será renovado con toda probabilidad en el Pleno que el Consejo General del Poder Judicial celebrará el próximo 23 de septiembre.

Los candidatos a sustituirle son el exfiscal general del Estado Cándido Conde-Pumpido, de conocida trayectoria, y los magistrados conservadores Miguel Colmenero y Manuel Marchena. Este último es el que, a priori, es el favorito. Sin embargo, la decisión podría no estar tan clara.

La primera fecha clave es el 11 de septiembre, cuando los tres candidatos expongan sus currículos y sus planes para presidir la Sala Segunda ante la Comisión Permanente, en funciones de calificación. Esta vista será pública y servirá para que los vocales conozcan su tiempo de servicio activo, sus destinos en el área de lo penal o las resoluciones de especial relevancia jurídica y significativa calidad que han dictado.

Los magistrados tendrán también que dar cuenta de sus dotes de dirección, coordinación y gestión de medios materiales y humanos, así como del conocimiento que tienen de la sede que aspiran a presidir y del programa van a desarrollar, informa Europa Press.

La decisión del Pleno del Consejo del Poder Judicial llegará una semana después, el 18 de septiembre, cuando dé a conocer al sustituto de Saavedra. Este tendrá la oportunidad de participar en un acto significativo como es la apertura del año judicial que tendrá lugar el día 10, justo antes de jubilarse.

Según las fuentes consultadas por la agencia, los ocho vocales elegidos a propuesta del PSOE e Izquierda Unida podrían votar a favor de Conde-Pumpido, con lo que el bloque formado por diez consejeros propuestos por el PP tendría que optar por fracturarse o dar un amplio respaldo a uno de los otros dos candidatos.

Los consejeros sugeridos por los nacionalistas, Mercé Pigem por CiU y Enrique Lucas Murillo por el PNV, podrían tener un papel decisivo e inclinar la balanza.

La presidencia de la Sala de lo Penal del Supremo, que se encarga de analizar todos los recursos sobre delitos y examinar las causas contra personas 'aforadas', tiene cinco años de duración. A Conde-Pumpido le quedan cinco años para jubilarse, mientras que Colmenero lo haría dentro de siete y Marchena podría ser renovado al tener por delante 15 años.

Colmenero y Marchena proceden de la Carrera Fiscal. El primero fue presidente de la conservadora Asociación de Fiscales y el segundo fue el fiscal de Sala más joven de la historia del Ministerio Público, 'número tres' de la Fiscalía General del Estado con Jesús Cardenal, en tiempos del Gobierno Aznar, y últimamente formó parte de una ponencia para asesorar al ministro Alberto Ruiz Gallardón en el intento de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Conde-Pumpido se reincorporó como magistrado a la Sala Segunda del Supremo tras cesar como fiscal general del Estado, cargo en el que permaneció desde abril de 2004 hasta diciembre de 2011 y que coincidió con la negociación política con ETA. Suyas fueron algunas polémicas decisiones fiscales y suya fue la frase "el vuelo de las togas no eludirá el contacto con el polvo del camino".

Además, fue portavoz de Jueces para la Democracia y presidente de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos o de la Red de Fiscales Generales de los Tribunales Supremos de la Unión Europea.

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