Pablo Iglesias se ha manifestado a favor del "control público de los medios", expresando que aprueba "absolutamente" la adopción de un marco regulatorio como el adoptado por el régimen ecuatoriano de Rafael Correa. El líder de Podemos entiende que "la concentración de la propiedad es incompatible con el derecho a la información", por lo que llama a desarrollar una nueva Ley de Medios.
¿Qué tipo de regulación ha adoptado Ecuador en este campo? ¿Cuál es el modelo que defiende Pablo Iglesias con estas nuevas declaraciones? La respuesta la tiene Fundamedios, una entidad independiente que realiza un control diario del grado de libertad de expresión vigente en el país andino. Los informes de Fundamedios son claros: el modelo que aplaude Pablo Iglesias es del todo incompatible con el mantenimiento del pluralismo informativo.
A lo largo del último año, la Red de Monitoreo de Amenazas a la Libertad de Prensa de Fundamedios reportó un total de 174 agresiones en contra de medios, periodistas y ciudadanos de Ecuador. En total, los estudios de este observatorio independiente han contabilizado casi 800 casos desde el año 2008.
Los grupos más agredidos son los periodistas y los medios de comunicación, que en 2013 sufrieron casi el 40% de los ataques gubernamentales contra la libertad de expresión. De las 64 agresiones detectadas, 63 se dirigieron contra medios privados. Por tanto, la concentración de la represión se produce en aquellos espacios de información y opinión que no están controlados por el régimen del "socialismo del siglo XXI".
Otro grupo que ha sufrido numerosos ataques es el integrado por personajes públicos y ciudadanos corrientes. En total, casi 30 acciones en contra de particulares. A eso se suman los 13 diferentes casos de acoso contra la libertad de expresión y operación de las ONG's. Finalmente, autores de libros o portales de internet también han recibido doce ataques a lo largo del ejercicio.
Así se articula la represión
Los insultos o descalificaciones que profiere Rafael Correa son la punta de lanza de este continuo acoso contra la libre expresión. Cada fin de semana, el dirigente socialista encabeza una retransmisión de varias horas de duración en la que, a la manera del "Aló Presidente" venezolano, sirve como tribuna para el ataque y la descalificación de periodistas, opositores políticos, empresarios, ONGs… En estos espacios, Rafael Correa no duda en romper periódicos o dirigir ataques personales.
Según Fundamedios, "ésta ya es una práctica habitual que ahonda en el clima hostil y violento en el que trabajan los profesionales de la comunicación en Ecuador". Esto choca con la doctrina de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que insta a los dirigentes políticos a mantener un discurso que huya de la estigmatización, el hostigamiento, el señalamiento, la criminalización o la intimidación.
Entre los descalificativos proferidos por Correa, Fundamedios destaca "corrupto", "manipulador", "conspirador", "sicario de tinta", "golpista", "mediocre", "enfermo", "inmoral", "cobarde"... Lamentablemente, este lenguaje se propaga significativamente, ya que afines al régimen no dudan en referirse en estos términos a los periodistas del país.
No obstante, las agresiones no se limitan a las "cadenas sabatinas" del Presidente Correa, sino que también se extienden a ciertas "cadenas informativas" emitidas durante el resto de la semana. Hablamos de diferentes vídeos propagandísticos que interrumpen la programación ordinaria de los medios de comunicación independientes, ya que la transmisión de estas piezas es obligatoria.
En suma, a lo largo de 2013, el Presidente y su equipo profirieron 44 ataques verbales contra periodistas y medios. No obstante, la categoría en la que se enmarca un mayor número de acciones es la de "decisiones judiciales arbitrarias". En este caso se detectan 50 procesos jurídicos dirigidos contra la libertad de expresión, opinión e información.
Un 8% de estos supuestos fueron procesos encaminados a tomar medidas de censura previa. Tampoco faltaron las sentencias que frenaron la libertad de expresión escudándose en una prevalencia injustificada de aspectos como el "orden interno", la "paz social", la "seguridad nacional" o la "estabilidad financiera". Las denuncias han llegado a acusar de "terrorismo" o "sabotaje" a determinados periodistas o ciudadanos que emitieron una información u opinión crítica con el gobierno.
Pero la maquinaria represiva de Ecuador también camina por otros senderos. Por ejemplo, se registraron 38 casos de "abuso del poder estatal" y 24 ejemplos de "atentados contra la integridad física" de periodistas y ciudadanos. En estas dos categorías se registran escenarios de amenazas, intimidación, persecución, agresión física, cierre o confiscación de medios, etc.
El imperio de la propaganda socialista
Según Fundamendios, la propaganda del régimen ecuatoriano desde el año 2007 suma el equivalente a 19 días de emisión ininterrumpida. Hablamos de 15.621 minutos de "cadenas", que como ya hemos señalado antes, no son más que emisiones obligatorias en televisión y radio. Solamente en 2013 se forzó a los medios a sacar al aire 817 piezas de este tipo.
Desde que Rafael Correa alcanzó el poder, el presupuesto de propaganda acumula un aumento de más del 1.300%. Estas acciones se canalizan por las vías antes mencionadas y también a través de medios de comunicación estatales, vallas y señales propagandísticas, folletos y publicaciones escritas, portales de internet, etc.
La Ley Mordaza que avala Pablo Iglesias
¿Cuáles son los principales puntos de la Ley de Comunicación ecuatoriana que aplaude Pablo Iglesias? Libre Mercado identificó hace ahora un año los diez puntos clave de esta discutida normativa:
1. La comunicación pasa de ser un "servicio al público" a ser un"servicio público". En palabras del analista Fabián Pozo, "esto implica que será sometida a controles, permisos y regulaciones…".
2. Nacen nuevos organismos de control. La Superintendencia de Comunicación y el Consejo de Regulación, que son organismos administrativos y no judiciales, tendrán "facultades de sanción y de supervisión de contenidos y opiniones, así como de retirada de frecuencias". El Presidente Rafael Correa elegirá a los responsables de estos entes.
3. Más de 800 frecuencias de radio y televisión serán arrancadas del sector privado. La Ley reduce la tenencia de frecuenciasradioeléctricas del sector privado del 84% al 33% del espectro, tomando otro 33% para el Estado y entregando un 34% al que ha sido denominado "sector comunitario", que igualmente dependerá de lo que dicte el Gobierno.
4. Autarquía publicitaria. El artículo 98 de la Ley "prohíbe expresamente la importación de piezas publicitarias extranjeras" e incluso exige que "el 80% de los participantes en un clip sean nacionales", tal y como explica Pozo. La Ley estipula que la producción de publicidad sea producida por empresas ecuatorianas, en las que un 80% de los trabajadores deberán ser ecuatorianos o residentes en el país andino. Además, "se ordena que el 10% del presupuesto anual de publicidad de los anunciantes privados se invierta en medios locales o regionales". Por otra parte, toda publicidad de alimentos o bebidas deberá contar con la autorización previa del Gobierno.
5. Proteccionismo audiovisual. Al menos el 60% de contenido audiovisual emitido entre las 6:00AM y la 6:00PM deberá ser de producción nacional. La cuota para la "producción independiente" marca un mínimo del 10%. Además, los medios de televisión deberán adquirir anualmente los derechos de un mínimo de dos películas de producción nacional e independiente.
6. Proteccionismo musical. La música ecuatoriana también forma parte de la Ley, ya que los programas musicales quedan obligados a que al menos una de cada dos canciones emitidas sea producida, compuesta o ejecutada en Ecuador.
7. Restricción a los comentarios en los medios digitales. El artículo 20 estipula que, para incluir comentarios en las noticias de los medios de comunicación digitales, será necesario que el usuario comunique nombre, correo electrónico y documento de identidad. Según Pozo, "es previsible y posiblemente aconsejable que se eliminen los espacios destinados a comentarios".
8. Regulación y redes sociales. Aunque el artículo 4 anuncia que la Ley "no regula la información u opinión que de modo personal se emita a través de internet", la disposición también afirma que "no excluye acciones penales y civiles" para las "infracciones" que se puedan cometer.
9. Límites a la cobertura informativa de asuntos judiciales. Los periódicos quedan obligados a "contar con ambas partes en el mismo espacio para contrastar versiones o a expresar la negativa de una de ellas a participar", afirmando que debe proporcionarse "el mismo espacio, página y sección", bajo amenaza de aplicar sanciones sobre los ingresos trimestrales de la empresa.
10. El Estado entra en la TV de pago. Muchos ecuatorianos se refugian en los canales de pago (por cable o satélite) para evitar la publicidad del régimen, que llega a invadir emisiones de canales privados (son las llamadas "cadenas nacionales"). Ahora, los proveedores de estos canales quedan obligados a interrumpir su programación y transmitir igualmente estos mensajes gubernamentales.