El Ministerio del Interior aplicará la ley tras el fallo del Tribunal Supremo que condena al ex jefe superior de Policía del País Vasco Enrique Pamies y al inspector José María Ballesteros a cuatro años de inhabilitación y un año y medio de cárcel por el 'chivatazo' a ETA. La ley establece que la condena de inhabilitación supone la inmediata expulsión del Cuerpo Nacional de Policía.
Según infomaron a Europa Press fuentes de Interior, el departamento que dirige Jorge Fernández Díaz cumplirá la legislación vigente en lo que afecta a las consecuencias aparejadas a las faltas y sanciones en las que incurren los agentes de las Fuerzas de Seguridad del Estado.
Su conducta está regulada por la ley orgánica de Régimen Disciplinario de 2010 del Cuerpo Nacional de Policía, el Código Penal y el Estatuto Básico del Empleado Público, que establece que "la pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta cuando hubiere adquirido firmeza la sentencia que la imponga produce la pérdida de condición de funcionario".
La condena de inhabilitación supone así la inmediata expulsión del Cuerpo de los agentes, aunque es necesario que la sentencia sea firme para que la Secretaría de Estado de Seguridad declare la pérdida de condición de policía, según fuentes policiales.
El hecho de haber sido condenado en virtud de sentencia firme por un delito doloso está tipificado como falta muy grave y grave en el régimen disciplinario. Será muy grave cuando el ilícito esté relacionado con el servicio o cause grave daño a la Administración o a las personas, y tendrá carácter grave en el resto de casos.
Pamies y Ballesteros han sido condenados por un delito de revelación de secretos, aunque absueltos de colaboración con organización terrorista, por el Tribunal Supremo como autores del soplo a la red de extorsión de ETA que se produjo en el bar 'Faisán' de Irún (Guipúzcoa) el 4 de mayo de 2006.
"Cuando sea firme, se cumplirá la ley"
Cuando la Audiencia Nacional les condenó en una primera instancia, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, anunció que su departamento no adoptaría ninguna decisión sobre los dos policías hasta que se pronuncie el alto tribunal.
"Cuando sea firme porque se han agotado los recursos a los que tengan derecho los interesados y los ejerzan, cuando ese fallo sea definitivo y se nos haya notificado, se cumplirá. Hasta que no llegue ese momento no vamos a tomar ninguna decisión en el Ministerio", dijo el ministro.
Tras dirigir la Jefatura Superior del País Vasco, Pamies fue comisario en Huesca y ahora está destinado en Zaragoza, mientras que el inspector José María Ballesteros fue destinado a la Jefatura Superior de La Rioja.