"La proclamación unilateral de independencia comporta desconexión de manera inmediata de las instituciones del Estado español y de su ordenamiento jurídico, de tal manera que ya no se reconoce la autoridad de las primera ni la vinculación al segundo. La autoridad pública en Cataluña a partir de este momento es sólo la Generalidad y el ordenamiento jurídico aplicable es sólo el que emana de la voluntad de sus instituciones, incluyendo el derecho internacional que se reconozca internamente". Página 15 del "informe" de la Generalidad titulado "El proceso constituyente".
La Generalidad ha "institucionalizado" los planes de golpe de Estado de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) en el último informe elaborado por el Consell Assesor per a la Transició Nacional (CATN), el organismo que da forma a una hipotética república catalana. En esta última entrega, titulada "El proceso constituyente", los "padres" de la futura Cataluña se plantean dos escenarios, la secesión con la colaboración por activa o por pasiva del Gobierno de España o el de la independencia por la vía de la fuerza, los hechos consumados y una teórica mediación internacional, supuestos a los que dedican la mayor parte del contenido del documento.
El texto del organismo consultivo de la Generalidad cree más factible el segundo caso, la "no-colaboracion", por lo que afirma: "En un escenario de no colaboración, la actitud del Estado puede tener grados de intensidad diversos: desde una posición pasiva, no beligerante respecto a los actos que se vayan adoptando en Cataluña para hacer avanzar el proceso, hasta una oposición activa y beligerante frente a cualquier movimiento de Cataluña que vaya en la dirección de constituir un estado propio". A esta situación se habría llegado bien a través de una consulta legal o ilegal o, más probablemente, admite el CATN, tras unas elecciones autonómicas tras las que se produciría la declaración unilateral de independencia.
Los artículos 155 y 116
"El Estado -continúa el texto- dispone de instrumentos jurídicos para impugnar ante el Tribunal Constitucional las actuaciones de la Generalidad dirigidas a crear estructuras de estado que superen el marco competencial vigente (...) El Estado, además, tiene a su disposición el instrumento del artículo 155 de la Constitución Española para requerir al presidente de la Generalidad y, en caso de no ser atendido, instar al Senado para que autorice por mayoría absoluta la adopción por parte del Gobierno estatal de 'las medidas necesarias para obligar a la Comunidad Autónoma al cumplimiento forzoso' de las obligaciones legales o constitucionales que considere vulneradas o para proteger el interés general que considere violado. Algunos sectores han sostenido en este sentido que entre estas medidas podría figurar la intervención de algunos servicios o instituciones de la Generalidad e incluso la suspensión de la autonomía, y en caso de una reacción extrema no se debe excluir que el Estado pueda recurrir, en posible concurrencia con algunas de las medidas ya indicadas, a la declaración de algunos de los estados excepcionales que prevé el artículo 116 de la Constitución", cuales son alarma, excepción y sitio.
Llegar hasta el final
Después de contemplar tales posibilidades, el informe recomienda no tener reparos y llegar hasta el final dado que "la posibilidad de oposición del Estado tiene, sin embargo, límites, tanto por los medios utilizables como por su eficacia a medio plazo (...) Hasta en el caso extremo de supensión del autogobierno, esta suspensión no podría tener carácter indefinido ni mucho menos definitivo y, por tanto, la voluntad popular y la voluntad institucional podrían seguir manifestándose una vez recuperada la autonomía y el funcionamiento ordinario de las instituciones".
El CATN está convencido además de que en caso de que el Gobierno adopte alguna medida para restaurar la legalidad provocaría la intervención de la Unión Europea para evitar la violación grave y permanente de los derechos humanos. En este punto es donde la Generalidad debería activar a la "sociedad civil movilizada". Propone el informe: "Una vez producida la negativa del Estado y la situación de bloqueo político que se deriva, la Generalidad podría intentar forzar la negociación con el Estado acudiendo a actores diversos, en especial de carácter internacional pero también de la sociedad civil para que actúen como mediadores ante el Estado. El apoyo de la sociedad civil movilizada podría constituir igualmente un factor decisivo para este objetivo. En caso de que esta presión no tuviera éxito, la alternativa que le quedaría a la Generalidad para hacer efectiva la voluntad popular expresada a favor de la creación de un estado independiente sería la de proclamar unilateralmente la independencia".
"Desconexión inmediata"
Para ello, el CATN recomienda en la página 15 la "desconexión de manera inmediata de las instituciones del Estado español y de su ordenamiento jurídico, de tal manera que ya no se reconoce la autoridad de las primera ni la vinculación al segundo. La autoridad pública en Cataluña a partir de este momento es sólo la Generalidad y el ordenamiento jurídico aplicable es sólo el que emana de la voluntad de sus instituciones, incluyendo el derecho internacional que se reconozca internamente".
Un conflicto inevitable
Habrá dificultades, se admite no obstante en el documento: "Proclamar esta voluntad no quiere decir necesariamente que esta sea realmente efectiva y menos aún que lo sea de manera inmediata y automática. Es posible que al menos durante un tiempo se produzca un conflicto entre los dos órdenes, de manera que las autoridades y los ordenamientos de cada uno de ellos pugnen por imponerse y obtener el control. Por este motivo, la efectividad de una proclamación unilateral de independencia está en gran parte condicionada a la existencia de las estructuras de estado con la capacidad para ejercer las funciones de gobierno sobre el territorio y obtener la aceptación social de su ejercicio".
Doble nacionalidad y catalán
En los otros tres informes presentados por el CATN, que se pueden consultar en la propia web de la Generalidad, quedan perfectamente definidas las necesidades de la Generalidad para acometer el golpe de Estado y se dibujan escenarios como la doble nacionalidad catalana y española, la imposición definitiva del del régimen lingüístico catalán o el mantenimiento del euro pese a admitirse que durante un tiempo Cataluña estaría fuera de la Unión Europea. Se trata de los documentos alusivos al abastecimiento de agua y energía, con la expropiación de las infraestructuras del Estado; al reparto de activos y pasivos (la Generalidad pretende quedarse con el patrimonio nacional, desde las instalaciones aeroportuarias a las obras de arte de Dalí, los archivos nacionales, edificios, etc, etc) y a la política monetaria.