La guerra abierta entre el fiscal Pedro Horrach y el juez José Castro por la imputación de la infanta Cristina adquiere día tras días una mayor dimensión.
La Comisión Permanente del Consejo Fiscal ha salido este miércoles en defensa del representante de la Fiscalía Anticorrupción en Baleares y ha respondido de forma clara al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ): si los jueces piden respeto para las resoluciones judiciales que respeten también las resoluciones de los fiscales.
En un comunicado hecho público el pasado lunes el CGPJ apoyaba la labor desarrollada por el magistrado del caso Nóos y consideraba "necesario solicitar de todas las partes en cualesquiera tipo de procesos y actuaciones judiciales, que no utilicen expresiones que puedan desacreditar, injustificadamente y al margen de las consideraciones jurídicas del procedimiento, la labor jurisdiccional de los/las jueces y magistrados".
Ahora, el Consejo Fiscal -órgano rector en la carrera fiscal- responde que también es necesario solicitar de los mismos "que no utilicen expresiones que puedan desacreditar, injustificadamente y al margen de consideraciones jurídicas del procedimiento, la labor del Ministerio Fiscal".
Los fiscales, no obstante, muestran su "conformidad" con el comunicado emitido por el órgano de gobierno de los jueces y hace extensible "su preocupación sobre determinadas expresiones que en ocasiones figuran en algunas resoluciones judiciales, así como en manifestaciones públicas que realizan titulares de los órganos judiciales".
En el recurso contra el procesamiento de Cristina de Borbón, Pedro Horrach señaló el instructor primero quiso imputar a la infanta y luego buscó la manera de hacerlo: "Cuando el puerto de destino está determinado antes de iniciar la investigación, basado en meras conjeturas, contamina de tal forma la marcha exploratoria que la convierte en un itinerario inamovible, en el cual los parámetros de imparcialidad, objetividad y congruencia que deben presidir cualquier actuación judicial quedan relegados", atribuyéndole al juez Castro un delito de prevaricación consistente en dictar resoluciones injustas a sabiendas de que lo son.
Al tener conocimiento de ese escrito, el titular del Juzgado de Instrucción Número 3 de Palma retó al fiscal a querellarse contra él.