El Gobierno aprobará un real decreto que establecerá qué tratamiento recibirá el Rey cuando se haga efectiva su abdicación y el objetivo es que esté en vigor el día en que se produzca el hecho, han indicado fuentes del Ejecutivo.
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ha explicado que las circunstancias que afectan directamente al estatuto del Rey una vez que cese en la Jefatura del Estado "serán regulados en su momento por un real decreto". El ministro se ha pronunciado así en el Senado a preguntas de los periodistas sobre la condición en la que quedará don Juan Carlos en el momento en que se haga efectiva su abdicación.
Gallardón ha explicado que el proyecto de ley que ha aprobado este martes, que ocupa sólo dos líneas y no menciona la inviolabilidad del monarca, "se refiere a aquello que está motivado por las circunstancias constitucionales derivadas de la abdicación de su majestad el Rey Don Juan Carlos". "Eso es lo que lo que nos mandata la Constitución y lo que hemos hecho y sometemos a la deliberación de las Cortes Generales", ha remachado.
No obstante, ha apostillado que el resto de cuestiones serán abordadas posteriormente en un real decreto. "Ningún otro aspecto legal está vinculado ni motivado por esta decisión, por lo tanto ningún otro aspecto será regulado, sin perjuicio de que las circunstancias que afectan directamente al estatus del Rey una vez que cese de la Jefatura del Estado sean reguladas en su momento por un real decreto", ha agregado.
Está previsto que Felipe VI sea proclamado Rey de España ante las Cortes Generales el mismo día de la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de la ley orgánica que hace efectiva la abdicación de don Juan Carlos.
Don Juan Carlos sancionará esta ley
El último acto como Rey de don Juan Carlos será la sanción de la ley orgánica que establece su abdicación, un acto que tendrá lugar en una solemne ceremonia que se celebrará en el Palacio Real en el que estarán representados los distintos poderes del Estado.
La fórmula que antecede en las leyes a la firma del Rey -"sabed que las Cortes Generales han aprobado y yo vengo en sancionar..."- será utilizada también para esta ley orgánica, como un símbolo más de que es el poder legislativo el que decide sobre la efectividad de la abdicación del jefe del Estado. En el momento en el que Felipe VI sea Rey, adquirirá también la condición de Princesa de Asturias y, por lo tanto, heredera de la Corona, su hija mayor, la infanta Leonor.
Fentes del Ejecutivo han explicado que don Juan Carlos seguirá siendo inviolable por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones y corresponderá a las Cortes regular su condición ante la Justicia una vez que se haga efectiva su abdicación.
La Constitución establece en su artículo 56.3 que "la persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad" y añade (art.64) que "de los actos del Rey serán responsables las personas que los refrenden", es decir, el presidente del Gobierno y, en su caso, los ministros competentes, salvo en el nombramiento del jefe del Ejecutivo que es refrendado por el presidente del Congreso.
Así las cosas, fuentes del Gobierno de Mariano Rajoy han reconocido que existe un vacío legal sobre cómo se regulará su condición ante la Justicia respecto de actos futuros. Esta cuestión podría ser regulada en la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que el Gobierno no ha enviado aún al Congreso y que contemplaba el aforamiento de la Reina y los Príncipes de Asturias. En todo caso, será una decisión que adopten las Cortes Generales, afirma el Ejecutivo.