El sindicato Manos Limpias, presente en la causa del Caso Noos como acusación popular, solicitó formalmente en febrero de 2012 la imputación de la infanta Cristina de Borbón en la causa. Con anterioridad, el juez José Torres ya había anunciado públicamente su decisión de imputar al Duque de Palma, Iñaki Urdangarin, tras sospechar que había distraído dinero público proveniente de las comunidad autónomas de Valencia y Baleares.
Conocida esta petición, durante la última semana del mencionado mes, habría tenido lugar un encuentro privado en el Palacio de la Zarzuela al que acudieron Su Majestad el Rey don Juan Carlos; el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy; el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón; y el Fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce. El objetivo del mismo habría sido preparar una operación de cortafuegos que evitase que la infanta pudiese acabar corriendo la misma suerte judicial que su marido.
Para ese encuentro, detallado en el libro La intocable. Cristina, la infanta que llevó la corona al abismo, que publican los periodistas de El Mundo Eduardo Inda y Esteban Urreiztieta en la editorial La Esfera de los Libros, y que sale a la venta esta semana, se estudió la posibilidad también de convocar al líder de la oposición y secretario general del PSOE, Alfredo Pérez-Rubalcaba, aunque finalmente no se hizo. Esta semana, los autores estarán en Es la Mañana de Federico, en esRadio.
La consecuencia de esta supuesta reunión secreta habría sido la cerrada defensa de Cristina de Borbón que han realizado en los últimos dos años todas las estructuras del Estado involucradas en la causa, ya sea el Ministerio Público, la Agencia Tributaria y la Abogacía del Estado, obviando o restando importancia a cualquier circunstancia o hecho incriminatorio para la hija del Rey, que "nunca fue consciente" de lo que hacía.
El suplemento Crónica de El Mundo, que publica este domingo algunos fragmentos de la obra, informa asimismo de que en ese encuentro se habría llegado al acuerdo de indultar al Duque de Palma, Iñaki Urdangarin, en el caso de que éste fuera condenado por el Caso Noos a una condena que llevase asociada su entrada en un centro penitenciario, para lo que tendría que ser superior a la pena de dos años y un día de cárcel.