De negar los hechos a justificarlos para evitar una condena mayor. El inicio del juicio en el Tribunal Supremo por el chivatazo a la banda terrorista ETA en el bar Faisán de Irún (Guipúzcoa), que echó al traste una operación policial contra el entramado de extorsión de la banda en plena negociación del Gobierno Zapatero con los etarras, dio este martes un giro inesperado.
El abogado José Luis Vegas, que representa legalmente al inspector de policía José María Ballesteros, uno de los dos condenados por la Audiencia Nacional, reconoció que su cliente entregó al dueño del bar Faisán, Joseba Elosúa, el teléfono móvil con el que se produjo la delación, aunque lo justificó diciendo que no tenía "conocimiento alguno" sobre las intenciones de su superior.
Dijo que su representado se limitó únicamente a cumplir órdenes y que en ningún momento "se le dice lo que está pasando". "Pasó tres veces por delante de la cámara, sólo le falto saludar", ironizó el letrado, e insistió en descartar que a su cliente se le pueda acusar de un delito de colaboración con banda armada, tal y como solicitan las acusaciones popular de Dignidad y Justicia (DyJ), la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) y el Partido Popular.
"Recibió por un superior jerárquico la orden de participar en un servicio de información, pero desconocía absolutamente todo de la operación... ¿qué colaboración con banda armada iba a ejecutar?", insistió, tras lo que argumentó que "resulta que al final, aquellos a quienes se investigaba en aquella operación no han sido condenados (Joseba Elosúa y el ex dirigente del PNV Gorka Aguirre han fallecido sin ser condenados), de modo que han colaborado con nadie", concluyó.
La abogada María Ponte, que representa legalmente al exjefe superior de Policía del País Vasco, Enrique Pamies, sí mantuvo en términos generales la línea de defensa que había mantenido durante el juicio de la Audiencia Nacional y acusó a las acusaciones populares de intentar "modificar a su antojo" los hechos probados de la primera sentencia.
En esta línea, defendió, para intentar eliminar la posibilidad de que sea condenado por colaboración, que la finalidad del exjefe de policía era "la contraria a la de la ETA, que es subvertir el orden constitucional y la paz pública", y mantuvo que su representado ni siquiera conocía la existencia de la operación contra el entramado de extorsión de la banda terrorista, pese a que era la máxima autoridad policial en la región.