El Juzgado de Instrucción número 1 de Tortosa ha ordenado la intervención y el decomiso de la treintena de vehículos de las autoescuelas Roquetes-Temple por la supuesta venta de preguntas y respuestas de los exámenes de conducir a ciudadanos chinos a cambio de dinero. En un auto del pasado 29 de abril, al que ha tenido acceso Efe, este juzgado ha ordenado intervenir estos coches de prácticas y cuatro vehículos de sus propietarios.
Toda la flota deberá permanecer parada y a disposición de los órganos judiciales. La magistrada María Teresa Hernández atiende así la petición de la Asociación de Autoescuelas de las Tierras del Ebro, personada en el caso, y a la que se ha adherido Fiscalía.
La juez investiga desde el verano de 2012 una trama, en la que ya hay imputadas 16 personas -entre ellos propietarios de la autoescuela, familiares y funcionarios de la Dirección General de Tráfico (DGT)- que presuntamente vendían las respuestas de los exámenes de conducir a ciudadanos extranjeros, principalmente chinos, a cambio de importantes sumas de dinero.
A los propietarios de la autoescuela, a los que se les impuso una fianza de 1,8 millones que no pudieron asumir, se les acusa del blanqueo de 3 millones de euros. Además de este delito, las diligencias, que continúan abiertas, investigan la comisión de los delitos de negociaciones y actividades prohibidas para los funcionarios públicos, falsificación de documentos públicos y pertenencia a grupo criminal.
La juez indica en el auto que "en los últimos días" se han dictado resoluciones que ponen de manifiesto no sólo el mantenimiento de los hechos relatados en el auto de 16 de julio de 2012, cuando estalló el caso, sino también sobre "el incremento de las cantidades que, eventualmente, pudiéramos exigir en concepto de responsabilidad civil, en caso de que recayera una sentencia condenatoria".
Así, en un atestado del pasado 26 de marzo los Mossos ponían de manifiesto "la posible existencia de posibles nuevos hechos de carácter ilícito, como la falsificación de certificados médicos" para justificar la ausencia de alumnos en los cursos del CAP, así como a las convocatorias a exámenes teóricos para la obtención del permiso de conducir. El auto subraya también la falta de "colaboración" con la justicia que habrían demostrado los propietarios del centro.
Según indica, la autoescuela ha reiniciado su actividad en Vinaroz (Castellón), donde "tiene un mayor número de alumnos que el resto de autoescuelas", y señala que pese al requerimiento para que consignara las cantidades requeridas, "ni un euro han ingresado en la cuenta de consignaciones, no siendo creíble que trabajen a pérdidas, durante más de un año de actividad; salvo que tuvieran dinero en metálico que no fue incautado en las entradas y registros, hayan sacado préstamos u otro tipo de financiación, sin que ninguna alegación al respecto se haya hecho ante el órgano judicial".
De todo ello, la magistrada concluye que los imputados "están evitando que el órgano judicial intervenga las cantidades que se estiman que podrían determinarse en concepto de indemnización por responsabilidad civil. Por lo que no existe voluntad de colaborar con la Administración de la justicia como quieren aparentar".
Hace un año la Audiencia Provincial de Tarragona acordó levantar el precinto de las tres sedes de las autoescuelas, lo que ha permitido que los centros volvieran a funcionar durante todo este tiempo. Desde el 2 de mayo, sin embargo, toda la flota de vehículos permanece incautada en el espacio que la autoescuela tiene en la C- 12 a la entrada de Tortosa. Entre los vehículos incautados, 34 en total, constan motocicletas, autobuses, camiones y coches, entre los que destaca un Porsche Cayenne propiedad del hijo de los propietarios.