El juez instructor del caso Nóos, José Castro, ha dado diez días a la Agencia Tributaria (AEAT) para que determine de forma definitiva si el Duque de Palma, Iñaki Urdangarin, defraudó a Hacienda, después de que éste haya rechazado en un reciente escrito haber incurrido en la comisión de varios delitos fiscales. El imputado rebatía, en la recta final de la instrucción del caso Nóos, las acusaciones de la Fiscalía Anticorrupción y la Agencia Tributaria, que le acusan de haber defraudado más de 240.000 euros del IRPF.
Así lo ha acordado mediante una providencia dictada este lunes, en la que libra oficio a Hacienda para que aporte esta documentación, con la que quiere contrastar las consideraciones vertidas por la defensa de Urdangarin. En concreto, su abogado subrayaba que "en el negado caso" de que los rendimientos que obtuvo por asesorar a diversas empresas "deban imputarse a título personal" a su patrocinado, ni en 2007 ni en 2008 se habría traspasado el umbral de los 120.000 euros que determinaría haber incurrido en un delito contra Hacienda.
Y ello, recalcaba, debido a que las empresas que le abonaron las retribuciones "no actuaron con la diligencia debida en el momento de presentar su declaración, dejando de practicar la correspondiente retención sobre los presuntos rendimientos abonados", en contra de lo establecido en el artículo 99.5 de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).
Tal y como incidía en este sentido, en el caso de que se determinase que las cantidades que cobró debía haberlas declarado por la vía del IRPF y no a través de la empresa Aizoon, de la que es copropietario junto a la Infanta Cristina, la cuota dejada de pagar al fisco no alcanzaría los 120.000 euros puesto que, "en cualquier caso, habría que deducir de la presunta cuantía defraudada las cantidades que el pagador de las mismas hubiera tenido que retener sobre esos rendimientos".
Además, el juez ha solicitado a la delegación especial de Cataluña de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) información de ocho empresas que hicieron pagos a Aizoon.
Pide además las actas que haya levantado la Agencia Tributaria a esas ocho empresas por retribuciones por consejos de administración, servicios profesionales o cualquier otro tipo de pago que Aizoon hubiera podido percibir.
Por otra parte, el juez ha dado traslado a las acusaciones personadas en esta causa de la petición registrada hoy por el grupo socialista en el Ayuntamiento de Valencia, de que cite a declarar como imputado al vicealcalde Alfonso Grau, quien ya declaró como testigo. Castro ha dado traslado de esta petición a las otras siete acusaciones personadas en la causa y les da un plazo de tres días para que aleguen lo que estimen pertinente.