La Cámara de Cuentas de Andalucía hizo público a primeros de este año un informe sobre la gestión de las subvenciones de la Junta en materia de formación, cuyas conclusiones pueden calificarse sin temor a caer en el exceso como demoledoras. El documento del órgano fiscalizador se circunscribe al dinero entregado para cursos de formación en los años 2009 y 2010, en los que se gastaron 798 millones de euros, procedentes en parte de fondos europeos, a través de 3.748 subvenciones tramitadas a lo largo de ambos ejercicios.
Lo primero que denuncia el informe de la Cámara es la decisión de la Junta de Andalucía de excluir de los mecanismos de concurrencia pública a los sindicatos y la patronal en su calidad de "agentes sociales más representativos de Andalucía". Esto significa que mientras que las empresas especializadas en formación tienen que acudir a una convocatoria abierta de subvenciones, en la que compiten con el resto de entidades solicitantes, los sindicatos UGT y CCOO y la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) reciben las cantidades previamente pactadas con la Junta a través de convenios individualizados y, por tanto, sin necesidad de realizar ningún otro trámite burocrático como sí ocurre en el resto de los casos. Este favoritismo hacia sindicatos y patronal ya fue denunciado por la Cámara de Cuentas en su informe de 2004 pero, diez años después, la Junta de Andalucía sigue entregando a las tres entidades el dinero que considera oportuno sin más justificación. En total, la CEA recibió en los dos ejercicios analizados 83 millones de euros para la realización de 3.869 cursos, la UGT 63,5 millones para 4.330 planes formativos y CCOO 63 millones para otros 3.373 cursos a realizar por el propio sindicato.
Además de actuar en contra de los principios básicos de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas al excluir de la pública concurrencia a las tres entidades, el principal efecto de esta decisión de la Junta tiene un carácter económico: mientras patronal y sindicatos reciben sus abultadas cantidades "por el total, sin necesidad de justificación previa" ni de seguir las complejidades de los procedimientos burocráticos, las empresas del sector que tienen que acudir a las convocatorias públicas de subvenciones padecen los retrasos administrativos en los que viene incurriendo la Junta desde hace años, según se detalla en este informe, lo que está llevando a muchas de ellas a desaparecer. El resultado indirecto de este proceso es que, en Andalucía, cada vez será más difícil que exista una verdadera competencia a sindicatos y patronal en materia de formación para el empleo.
La Junta desoye dos sentencias judiciales
Los convenios con patronal y sindicatos suscritos en 2009 y 2010, a los que venimos haciendo referencia, fueron denunciados ante la Justicia por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), por considerar que vulneran los principios de igualdad y de libertad sindical. La Junta no ha modificado su actitud tras la denuncia y ha venido actuando de la misma manera, aduciendo que aún no existe una sentencia judicial firme al respecto.
Sin embargo, la Cámara de Cuentas pone de manifiesto la existencia de al menos dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, "declarando nulos los acuerdos de 2005 por los que se autorizaba la concesión de subvenciones en materia de formación ocupacional a estos agentes". Las sentencias fueron confirmadas posteriormente por sendas resoluciones del Tribunal Supremo, sin que la Junta de Andalucía haya modificado la manera en que privilegia a sindicatos y patronal en el manejo de los fondos públicos destinados a la formación para el empleo.
Los expertos de la Cámara de Cuentas señalan en su informe la falta de concreción en las bases y baremos utilizados para repartir el dinero de estas ayudas en contra de las propias normas de la Junta de Andalucía y la jurisprudencia, lo que permite que cada órgano gestor aplique criterios distintos en el reparto de las ayudas. Para decidir la cantidad con que se va a subvencionar cada proyecto la Junta sólo tiene en cuenta lo que afirma la organización peticionaria en la memoria de la solicitud, sin que en ningún caso se pida una justificación documental o se compruebe la veracidad de su contenido.
Cursos sin utilidad práctica
El órgano fiscalizador andaluz revela también en este documento la escasa utilidad de los cursos subvencionados. Por un lado, sólo el 11% de los cursos financiados por la Junta de Andalucía en 2009 y 2010 permitió a los alumnos obtener una certificación de capacitación profesional, y ello a pesar de que el propio Servicio de Empleo Andaluz (SEA) tiene como una de sus principales prioridades la financiación de acciones formativas que permitan obtener dichos certificados. Por otra parte, el SEA está obligado a promover la realización de prácticas laborales en empresas del sector de que trate cada curso. Sin embargo, la Cámara de Cuentas no ha encontrado ni un solo caso en el que los alumnos hayan realizado estas prácticas. De hecho no se ha localizado ningún convenio de colaboración entre la Junta de Andalucía y las empresas interesadas, para permitir a los alumnos adquirir la capacitación y experiencia profesional necesarias para acceder posteriormente al mercado de trabajo.
La desidia en el cumplimiento de los fines de este vasto programa de formación para el empleo se contagia a las rutinas necesarias para llevar los cursos a cabo, de tal forma que, según la Cámara de Cuentas, existe un gran descontrol en la admisión de participantes, sin criterios ni listas de vacantes en la mayoría de los casos, en los que la admisión se decide tras una simple entrevista discrecional, sin que se conozcan los criterios utilizados para discriminar entre los aspirantes a participar en los cursos.
Dinero sin justificar
Según el documento de la Cámara de Cuentas, de los 798 millones de euros dedicados por la Junta de Andalucía a formación en 2009 y 2010, 433 millones estaban en el momento de redactar el informe pendientes de justificar. La ley establece la imposibilidad de entregar nuevas subvenciones a entidades que no hayan justificado en tiempo y forma las entregas anteriores. Sin embargo, la Junta de Andalucía exoneró de este requisito a 466 entidades en 2009 y 378 en 2010, al objeto de que pudieran seguir recibiendo dinero público para organizar cursos de formación.
En cuanto a las entidades que sí han presentado una justificación del dinero recibido, el informe señala que la Junta "no exige al beneficiario la aportación de facturas para justificar estas subvenciones", no obstante lo cual, la Cámara de Cuentas ha realizado algunas catas con el resultado de que no se identifican las facturas con acciones concretas, ni existe el estampillado que exige la Ley General de Subvenciones, para evitar que una misma factura sirva para justificar acciones distintas. De esta deficiencia, según el informe, "pudiera derivarse responsabilidad contable".
La falta de criterios uniformes a la hora de fijar los costes subvencionables hace que se haya pagado al personal docente que ha impartido estos cursos subvencionados a precios de hasta 190 Euros por hora lectiva. Un caso especialmente llamativo recogido en el informe de la Cámara andaluza es el del curso "Iniciación de piloto comercial de helicóptero", cuyo coste por hora y alumno excede de tal manera los límites previstos que la entidad organizadora se ha embolsado indebidamente 525.000 euros de un total de 1,1 millones facturados por cuatro ediciones.
El informe concluye con una serie de recomendaciones, basadas fundamentalmente en el establecimiento de criterios objetivos para el reparto del dinero público destinado a formación, así como la implantación de mecanismos de control que eviten los abusos detectados ya desde 2004 sin que la Junta de Andalucía haya decidido tomar cartas en el asunto. Por ejemplo, hace una década la Cámara de Cuentas pidió a la Junta que elaborara un "plan de seguimiento", con visitas de los técnicos de la Junta a las entidades que reciben subvenciones para realizar cursos, "puesto que es una herramienta fundamental para organizar las actuaciones de control, unificar criterios y dotarse de mayor transparencia y eficacia". Sin embargo, a día de hoy "el SAE no ha elaborado un plan que recoja las actuaciones de seguimiento a realizar en las acciones de formación subvencionadas".
La Cámara de Cuentas pone finalmente de manifiesto el llamativo caso de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo, organismo suprimido en 2011 por decreto de la Junta, al que se transfirió un total de 80 millones de euros en diversas entregas durante 2009 y 2010 sin que se haya acreditado su destino, con 400 cursos pagados cuya realización ni ha sido llevada a cabo ni se sabe cuándo va a tener lugar.