Viviane Reding, en su visita este domingo a la Ciudad Condal, donde ha participado como anfitriona de la 45º edición de los "diálogos ciudadanos" en La Pedrera, se ha referido al proceso separatista emprendido por el ejecutivo de Artur Mas como "una pérdida de tiempo y de energía". Reding ha asegurado que una ruptura entre Cataluña y España "no sería beneficiosa para nadie" y apunta a que "lo ideal sería un nuevo acuerdo" entre ambas partes.
En rueda de prensa ante los medios, la vicepresidenta de la Comisión Europea, ha llamado a los gobiernos español y catalán a "negociar con mentalidad abierta y sin líneas rojas" para alcanzar un acuerdo que garantice la permanencia de Cataluña "dentro de España y de una Unión Europea fuerte".
Viviane Reding ha sostenido ante los asistentes que "todos deben mantenerse unidos y no en contra de la tendencia europea". "Sería lamentable que en vez de un proceso de unificación hubiera un proceso de desunificación", justo en un momento en el que "toda Europa está intentado hablar con una única voz", apunta.
Sobre la convocatoria unilateral de la consulta para el próximo 9 de Noviembre, la comisaria europea pasa de puntillas y evita exponer la que, a su juicio, sería la solución al órdago independentista apuntando a que se trata de "una decisión nacional" que deja en manos de Moncloa. Para Reding, Bruselas no debe opinar ante este nuevo pulso de Artur Mas.
Metedura de pata
Esta no es la primera vez que la comisaria europea se refiere a este escenario en Cataluña. Ya en el año 2012, Viviane Reding, en unas declaraciones para el Diario de Sevilla dejó abierta la puerta a una hipotética independencia de Cataluña que no le conduciría necesariamente, apuntaba, a la salida de la UE. Pocos días después, Reding se vio obligada a rectificar y, a través de una carta oficial que envió al gobierno español, afirmaba que si el ejecutivo de Artur Mas anunciaba una declaración unilateral de independencia, la UE automáticamente le cerraría las puertas.
En esta misiva, la comisaria europea de Justicia y Derechos Fundamentales quiso dejar claro que tanto su postura como la de la Comisión Europea coincidía plenamente con la del gobierno de Rajoy y que, ante un supuesto de independencia, se obligaría al hipotético nuevo Estado a empezar un proceso de adhesión, en el que España tendría pleno derecho de veto para evitarlo.