Antes de decidir si admite a trámite o no la querella por genocidio contra la banda terrorista ETA, el juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez, competente para investigar esta causa, pide a la Policía Nacional, la Guardia Civil y a la Ertzaintza que le informe sobre "los fines perseguidos por la banda terrorista desde su constitución hasta hoy y sobre los integrantes de sus sucesivas cúpulas".
En definitiva, en una providencia el instructor quiere que las Fuerzas de Seguridad del Estado le expliquen ahora con un informe pericial los fines de una organización criminal que se creó hace 55 años en España y que ha dejado 864 víctimas mortales en nuestro país.
La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal ha dictado este miércoles un auto donde deja "libertad de criterio" al titular del Juzgado de Instrucción Número 3 para que ordene lo que crea conveniente acerca de la querella presentada. La Sala reconoce por primera vez en un auto que el delito de genocidio es competencia de este tribunal.
Los magistrados Ángela Murillo, Teresa Palacios y Juan Francisco Martel consideran que el juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez es competente para investigar si cinco ex dirigentes de la banda terrorista -Juan Lorenzo Lasa, Eugenio Echebeste, José Luis Ansola Larrañaga, Francisco Múgica Garmendia y José Antonio Urruticoechea- cometieron estos actos.
Los cinco componían su órgano máximo de dirección y ostentaban el dominio de la organización al menos entre septiembre de 1977 y 1983.
Precisamente, la Audiencia Nacional adopta esta decisión a partir de una querella presentada ante este tribunal el pasado mes de agosto por la familia de una víctima de uno de los 326 asesinatos cometidos por la banda terrorista que se declararon prescritos.
En un auto dictado el pasado 16 de octubre, Gómez Bermúdez rechazó la competencia de este tribunal para investigar a la banda terrorista por genocidio. Ahora, el instructor deberá decidir si investiga o no estos hechos. Según fuentes jurídicas, el magistrado aún no ha pedido a la Fiscalía que informe sobre dicha admisión a trámite.