El Colectivo de Víctimas del Terrorismo -Covite- ha presentado este lunes una denuncia ante el fiscal de la Corte Penal Internacional contra la banda terrorista ETA.
La presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez, ha realizado el viaje con otras víctimas de ETA: Josu Puelles, hermano del policía nacional asesinado por ETA Eduardo Puelles; Toñi Santiago y José Joaquín Martínez, padres de Silvia Martínez, la niña asesinada en agosto de 2002 en Santa Pola cuando tenía 6 años. La delegación de víctimas quiere solicitar a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional de La Haya que investigue a tres dirigentes de Batasuna, entre ellos Arnaldo Otegi, y a ocho destacados miembros de ETA por crímenes de lesa humanidad, según informa Efe. En un extenso escrito jurídico justifican que las once personas que señalan han sido destacados dirigentes de "la organización ETA-Batasuna" a partir del 1 de junio de 2002, fecha en que España ratificó el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.
Los once acusados por Covite son los dirigentes de Batasuna Arnaldo Otegi, Joseba Permach y Pernando Barrena, así como los integrantes de la banda terrorista José Antonio Urritikoetxea, Josu Ternera, José Luis Eciolaza, Dienteputo, Tomás Elorriaga, Teo, Juan Cruz Maiztegui, Pastor, Eusebio Arzallus, Rafael Santiago Azcolain, Iratxe Sorzabal y David Plá.
En conversación con Libertad Digital, Ordóñez ha señalado que España, tras firmar el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional en el año 2000 "tendría que haber cambiado la calificación de los delitos cometidos por la banda terrorista", a crímenes de lesa humanidad, que no prescriben, motivo por el que Covite denunciará a la banda terrorista por delitos que pueden ser calificados de "genocidio".
Una vez que llegaron a La Haya, las víctimas fueron recibidas por funcionarios de la Unidad de Investigación y Evidencias de la Oficina del Fiscal del Tribunal. Como señaló Ordóñez a LD, es la "primera vez que la Corte Penal Internacional va a conocer la historia más reciente de lo ocurrido en España" en relación a la banda terrorista ETA.
La iniciativa de interponer esta denuncia por crímenes de lesa humanidad surgió a raíz de la sentencia a favor de la etarra Inés del Río del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo que supuso la derogación de la doctrina Parot. Sin contar con ningún apoyo institucional, y haciendo un "viaje low cost", como comentaba la presidenta de Covite, han conseguido poner en marcha una "iniciativa histórica" que, si prospera, confía que sirva para terminar con la impunidad de los crímenes de la banda, puesto que la modificación de la calificación de los delitos de ETA implicaría su "imprescriptibilidad".
Crímenes de lesa humanidad
Covite explica que todos los denunciados propiciaron la comisión de "crímenes de lesa humanidad" que no han prescrito y que consistieron en un "ataque sistemático contra la población civil" sin que hubiera "un conflicto armado" puesto que "nunca intervinieron las fuerzas armadas" en este ataque, dado que la Guardia Civil sólo se considera como tal cuando cumple misiones de carácter militar.
Justifica que la "rama política" de ETA, es decir Batasuna, planificó estos crímenes en una estrategia que denominó "socialización del sufrimiento".
Respecto a los tres dirigentes de Batasuna asegura que desde junio de 2002 "han seguido desempeñando una constante labor de reparto funcional de tareas y en coordinación (más bien subordinación) con la banda terrorista ETA".
Covite recalca que hasta ahora "no se ha investigado ni perseguido a los más altos responsables" de ETA ni a los "ideólogos" de la banda, ya que la mayor parte de las veces las investigaciones se han limitado a la búsqueda de los autores materiales de atentados concretos, "como si de hechos aislados se tratara", y ninguno de los once dirigentes acusados en este escrito han sido enjuiciados por crímenes de lesa humanidad.
Covite asegura en su denuncia que ETA es responsable del asesinato de 24 niños, "la mayoría por medio de explosivos en sus hogares, más de 11.000 asesinatos -858 consumados y una estimación de 10.260 en grado de tentativa-, delitos de persecución y traslado forzoso de más de 200.000 personas -el 10% de la población-, secuestros y torturas". Para llevar a cabo esta recopilación, Covite se ha basado en sentencias judiciales.
El desglose de la denuncia de Covite ante el Tribunal Penal Internacional incluye datos estremecedores, como la cifra media que estiman que cada año eran víctimas de la persecución etarra: 40.000 personas por ejercicio. Además, alrededor del 10% de la población de la comunidad autónoma vasca "fue obligada por el clima de terror a abandonar sus hogares y a huir de Euskadi".
"Genocidio etarra"
Las víctimas hablan del "genocidio" etarra: "Estos actos contra los Derechos Humanos también pudieran constituir un delito de genocidio al haber sido perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico o racial". Y añaden: "Los crímenes se cometían teniendo como objetivo principal a ciudadanos españoles residentes en Euskadi, que eran considerados miembros del grupo nacional 'opuesto a sus intereses', y a los que destruir o expulsar".
Covite sostiene, asimismo, que ante estos crímenes de lesa humanidad cometidos por la banda asesina, "España no tipifica ni enjuicia todos estos actos contra los Derechos Humanos como graves crímenes imprescriptibles: tentativas masivas y sistemáticas de asesinatos, violencia de persecución y el traslado forzoso de población".