El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha reivindicado este miércoles la independencia de la Fiscalía frente al ámbito político y ha instado a examinar los fundamentos jurídicos esgrimidos por Pedro Horrach antes de cuestionar su actuación en el 'caso Nóos'. "No estamos protegiendo a la Infanta", ha declarado.
Así se ha pronunciado el máximo responsable del Ministerio Público en un encuentro a puerta cerrada con estudiantes de Derecho de la Universidad CEU San Pablo y en el cual ha empleado buena parte en defender la acción independiente de la Fiscalía.
Según ha informado en un comunicado la Universidad, Torres-Dulce también ha mostrado su "profunda discrepancia" con algunas de las reformas estudiadas por el Ministerio de Justicia, dirigido por Alberto Ruiz-Gallardón.
A su juicio, el modelo diseñado en la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal "no va por buen camino" ya que la instrucción de los fiscales es "condenada a la permanente interferencia de los jueces de garantías y las partes en el proceso". "No voy a aceptar una instrucción en los términos en los que la plantea el Gobierno", ha dicho a los alumnos.
Además, Torres-Dulce ha insistido en la conveniencia de que la Policía Judicial, la Intervención General del Estado y los peritos fiscales dependen orgánicamente del Ministerio Público.
La Junta de Fiscales, con Horrach
La Junta de Fiscales de Baleares ha emitido un comunicado en el que muestra su respaldo "sin fisura" a la actuación profesional del fiscal encargado del caso Nóos, Pedro Horrach, así como en el resto de procedimientos judiciales en los que desarrolla su labor, y ha destacado los "incontestables éxitos" de los últimos años en la lucha contra la corrupción en las islas.
Mediante una nota, el Ministerio Público subraya, ante las críticas recibidas por Horrach, que la actuación procesal de éste "es consecuencia de una convicción profesional basada única y exclusivamente en criterios jurídicos", recalcando cómo el fiscal ha mantenido un "gran coraje personal ante una opinión pública abrumadoramente contraria a sus tesis" en lo que a la imputación de la Infanta Cristina se refiere.
En el comunicado, la Junta de Fiscales considera asimismo que "tan aberrante y propio de regímenes totalitarios sería un ordenamiento que permitiese a los tribunales condenar sin pruebas, como uno que instase al Ministerio Público a ejercitar acciones de tipo criminal contra un ciudadano si, en conciencia, se considera que no existen indicios incriminatorios sólidos que permitan fundamentar de forma solvente una acusación penal contra el mismo".