El juez decano de Palma, Francisco Martínez Espinosa, ha autorizado este viernes que la infanta Cristina acceda en coche a los juzgados de Vía Alemany "por estrictas razones de seguridad". El magistrado ha negado haber sido presionado por la Casa Real a la hora de adoptar esta decisión.
Cristina de Borbón deberá comparecer el próximo 8 de febrero como imputada en el caso Nóos por un delito fiscal y por blanqueo de capitales.
En el informe del juez decano, al que ha tenido acceso Libertad Digital, se recuerda que la Jefatura Superior de Palma de Mallorca señaló que resulta "absolutamente recomendable y estrictamente necesario en orden a garantizar el nivel de seguridad adecuado" Cristina de Borbón acceda en vehículo a la sede judicial, donde será interrogada por el magistrado José Castro.
La Policía aseguró que "se invoca en esencia que se trata de un acto programado con anterioridad y de público conocimiento, de gran repercusión mediática, en zona de actuación concreta y limitada, con topografía de rutas de entrada y salida inadecuadas, con previsión efectiva de grupos hostiles y con gran repercusión en redes sociales y en clima de tensión social".
Dado que la citación de la infanta tiene lugar un sábado, el juzgado se encontrará cerrado al público por su entrada principal, de forma que todas las personas tienen que acceder por la parte trasera del edificio, donde se encuentra la rampa, que da acceso al juzgado de guardia.
Urdangarín hizo el paseíllo
El juez decano explica en su informe que "no resultaría procedente bajo ningún concepto, encomendar determinado cometido a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y sin embargo desatender requerimientos que a su juicio son ineludibles para el adecuado cumplimiento del cometido que se encomienda".
La infanta Cristina proyecta llegar a Palma el mismo día de su declaración judicial y su recorrido hasta el edificio judicial también forma parte del dispositivo montado por las fuerzas de seguridad para velar por su seguridad. Con este fin, representantes de la seguridad de la Casa Real, la Policía Nacional, la Guardia Civil y la Policía Local de Palma se reunieron el pasado lunes en la capital balear para preparar el despliegue del próximo 8 de febrero.
No obstante, la última palabra la tendrá en esta ocasión la Duquesa de Palma. La misma posibilidad que se le brinda ahora ella se le ofreció a su marido Iñaki Urdangarín cuando fue a declarar como imputado. Sin embargo, éste declinó aceptarla y prefirió bajar la rampa de los juzgados a pie.