La Generalidad asegura en su carta a los 45 ministros de Asuntos Exteriores extranjeros que España tiene "un fuerte interés en que Cataluña sea parte de la Unión Europea", una permanencia que, en caso de secesión, somete únicamente a la "decisión política" de los 27. Además, asegura que una Cataluña independiente "seguirá siendo un motor de crecimiento" cuyo Gobierno podrá "ofrecer más incentivos y mejores regulaciones a las empresas extranjeras" para que inviertan en su territorio.
Estas son algunas de las consideraciones que incluye el informe sobre las demandas catalanas a los jefes de la diplomacia de casi medio centenar de países, en el que les informa de la convocatoria del referéndum de autodeterminación el próximo 9 de noviembre, que, según dice, responde "al deseo" de la población catalana.
En el documento, el Gobierno autonómico defiende que, en las últimas elecciones al Parlamento autonómico, "el pueblo catalán" dio "un claro mandato a sus representantes para que inicien un proceso de transición nacional hacia la autodeterminación".
Lo argumentan explicando que los partidos que apoyan este "derecho a la autodeterminación" se hicieron en esos comicios con 107 de los 135 escaños en liza, lo que supone un 79%, y recalca que el acuerdo sobre el día y las preguntas de la consulta fue suscrito por 87 de los 135 miembros del Parlamento catalán.
Además, afirma que los sondeos de opinión muestran que "más del 82% de la población en Cataluña está a favor del referéndum" y sostiene que la "fuerza" de ese "sentimiento popular" se demostró "una vez más" en la manifestación por la Diada del pasado 11 de septiembre, cuando "un millón y medio de ciudadanos unieron sus manos" en una "manifestación masiva y pacífica de su deseo popular, para mostrar su apoyo al referéndum", como lo hicieron los tres Estados bálticos en 1990.
"Los líderes políticos de Cataluña han respondido a este deseo y deben implementar el deseo del pueblo", concluye el informe en su primera mitad, para después pasar a explicar que todo lo que se necesita para celebrar este referéndum es "el deseo político".
Así, afirma que, pese a "algunas especulaciones", existen "varios procedimientos legales posibles" para que este referéndum que el Gobierno central rechaza pueda tener lugar. "Es claramente un asunto de política más que de legalidad", insiste la Generalidad en el informe, en el que asegura que, bajo ninguna ley española o catalana, "no hay razón" para que la consulta no se celebre o se "tolere".
Las autoridades catalanes aseguran que continuan impulsando un proceso de acuerdo con el Ejecutivo central e insiste en que el Ejecutivo regional es un fuerte defensor del diálogo y la negociación para organizar este referéndum.
Y esto pese a que, afirma, "hasta ahora" los líderes políticos españoles no se han implicado con "la realidad de la situación en Cataluña" e incluso ha habido "algunos intentos irreflexivos por parte de las autoridades españolas de minar la autoridades política del presidente catalán".
Sobre el futuro de una Cataluña independiente, el 'memorandum' afirma que los tratados de la UE no abordan específicamente la cuestión de qué ocurre cuando parte de un Estado miembro se independiza, por lo que considera "simplemente falso declarar que Cataluña dejará de ser un Estado miembro de la UE de la noche a la mañana".
A juicio del Gobierno catalán, las declaraciones que van en este sentido, hechas por "España y otros", están "diseñadas para desanimar a los votantes catalanes de apoyar la independencia". Pero, en su opinión, "la realidad es que incluso España tiene un fuerte interés en que Cataluña sea parte de la UE".
"Nuestro pueblo desea continuar formando parte de la UE y permanecer en la zona euro", asegura el Ejecutivo catalán, que recalca que Cataluña es "un país europeo", con 7,5 millones de habitantse que "ya tienen los derechos de la ciudadanía europea" y que "no pueden ser directamente expulsados de la Unión".
En cualquier caso, insiste en que la continuidad de Cataluña en la UE "será una decisión política en las manos de los Gobiernos de todos los Estados miembros de la UE".
Además, afirma que Cataluña también quiere desempeñar un papel en la defensa común de Europa, ser un actor principal en el Mediterráneo y continuar las discusiones con sus socios internacionales sobre la manera de avanzar y garantiza que "no habrá un vacío catalán de seguridad".
Por lo que se refiere a la economía, asegura que, con su propio Estado, Cataluña será "la séptima mayor economía de la Unión Europea", un "contribuyente neto" a su presupuesto y un "motor de crecimiento" con su industra "dinámica e innovadora". Y asegura que, en esas condiciones, el Gobierno autonómico "podrá ofrecer más incentivos y mejores regulaciones a las empresas extranjeras para que inviertan" en su territorio.
"Cataluña está comprometida a un proceso pacífico, democrático y transparente", concluye el informe, fechado en Barcelona el pasado 13 de diciembre, y que ha sido hecho público este jueves.